Los números lo dicen todo: Mauricio Torres, contralor general del Estado, posesionado el 28 de noviembre de 2023, ha firmado 32 informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal por USD 40 millones.
Además, hay 250 responsabilidades administrativas y civiles por USD 20 millones.
Aquellos 32 informes corresponden a exámenes especiales practicados a servidores públicos.
No se delata a los involucrados, excepto cuando los resultados queden en firme, se los envíe a Fiscalía para las investigaciones y la posterior judicialización de los casos.
Se presume la existencia de enriquecimiento ilícito, una práctica corrupta arraigada en el sector público, aun en el privado, cuando no, por la cooptación entre las dos.
Quienes ingresan a trabajar para el Estado, comenzando por el presidente de la República, tienen la obligación de presentar la declaración de bienes (activos y pasivos) ante la Contraloría.
Sin embargo, con las excepciones de rigor, tras dejar el cargo, paulatinamente aparecen las fortunas, en unos casos evidentes, al no cuadrar los ingresos con los gastos, las inversiones, incluso por medio de testaferros.
Por eso, y por mucho más, el servicio público, como la política, son vistos por la ciudadanía como la oportunidad para perjudicar al Estado.
Tampoco se puede generalizar; pero la información del contralor revela, de alguna manera, lo contrario.
No debe ser gratuita la decisión de acudir a la inteligencia artificial, una herramienta tecnológica moderna, para monitorear cuáles declaraciones juramentadas necesitan ser auditadas por posibles irregularidades o incrementos injustificados del patrimonio.
Las coimas, los sobreprecios, el tráfico de influencias, el amaño en la contratación pública, entre otras mañas, son las prácticas corruptas en el ámbito público, sin contar los nexos con el narcotráfico para el lavado de dinero.
La crisis moral es otra de las desgracias del Ecuador. ¿Hasta cuándo?
