Ante la preocupación generalizada por una nueva crisis de seguridad tanto en cárceles como en las calles, el gobierno decretó el estado de excepción y declaró al país en conflicto interno para activar la movilización y el operativo de Fuerzas Armadas que identificó como objetivo militar a quienes estén vinculados con los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
Este párrafo que parece sacado de cualquier noticiero en Ecuador, es una realidad que lamentablemente se repite en el país y que no permite observar una alternativa que sea presentada como solución definitiva. Las nuevas cárceles o el incremento del IVA no son recogidos con alivio por la población porque la interrogante que surge es si con esas medidas se llegará a solucionar de manera definitiva la inseguridad y violencia que vive el país.
Ante el caos del pasado martes, pocas han sido las voces que hemos objetado el trato discriminador, abusivo y violento que las cámaras ciudadanas han mostrado sobre las detenciones realizadas por Fuerzas Armadas y Policía. La consecuencia del miedo ha sido una conciencia dormida, que mira hacia otros lados porque los abusados no son propios.
La consecuencia del miedo generalizado puede ser peligrosa, porque habiendo aceptado todo, la población exigirá resultados y si tres meses después, como ha pasado en el gobierno anterior, vuelven a secuestrar guías penitenciarios, vuelven las cárceles a perder su control y no se disminuyen las estadísticas de violencia, despertarán las conciencias y el miedo se convertirá en indignación. (O)
