El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, declaró a una comisión del Congreso que no existe evidencia, entre las autoridades militares de Ecuador, de que las bandas criminales en ese país vecino tengan armamento, municiones o explosivos procedentes de las fuerzas armadas peruanas.
En una presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso, Chávez dijo que los altos mandos militares ecuatorianos señalan que «no existe evidencia» de que organizaciones criminales ecuatorianas posean armamento y explosivos de las Fuerzas Armadas peruanas, tal como señalaron algunas informaciones extraoficiales.
Agregó que el pasado domingo 21 de enero de 2024, durante una reunión que realizó la Comunidad Andina (CAN) en Lima, conversó con el ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, quien reiteró que «no se evidencia la presencia de armamento, munición o explosivos de procedencia de Perú» en su país.
Ante las versiones que indicaron que se había encontrado un tipo de granadas de guerra de procedencia peruana en Ecuador, el ministro dijo que «en las Fuerzas Armadas de Perú no se cuenta con este tipo de granadas» y que la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) actualmente no fabrica armamento ni explosivos, «solo munición de pequeño calibre».
Chávez agregó que el Ministerio de Defensa participa activamente en una comisión binacional de frontera con Ecuador y que el año pasado se realizaron operaciones conjuntas «de tipo espejo», que permiten replicar lo que haga el Ejército en un país en el otro.
En ese sentido, se ha dado prioridad a las operaciones «en tres áreas de interés»: la zona de frontera marítima bilateral, la región fronteriza costera de Tumbes y la zona amazónica donde se encuentra la minería ilegal.
El Gobierno de Perú declaró el pasado 10 de enero el estado de emergencia durante 60 días en cinco regiones del país fronterizas con Ecuador, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden interno en la zona.
La medida, que comprende distritos de 7 provincias ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, otorga a la Policía Nacional (PNP) el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y restringe derechos constitucionales como a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y de reunión, así como la libertad y seguridades personales.
En la misma comisión parlamentaria, se presentó el ministro del Interior, Víctor Torres, y justificó que el cambio en la comandancia general de la Policía Nacional, confirmada el lunes, responde a que esta institución no ha logrado que bajen los índices de criminalidad en las ciudades declaradas en emergencia por la inseguridad ciudadana.
«Este cambio le va a dar sangre nueva y vitalidad a la Policía para que afronte con más fuerza, con el valioso apoyo de las fuerzas armadas, el problema de la inseguridad ciudadana«, afirmó el ministro del Interior. EFE
