El CNE dispuso que el 21 de abril la ciudadanía vuelva a las urnas, esta vez para decidir sobre 6 preguntas de consulta popular y 4 de referéndum constitucional. Para ello el organismo indicó que requieren un monto aproximado de 60 millones de dólares como presupuesto para la realización del proceso electoral.
Hay patrones que comienzan a repetirse en los distintos gobiernos. Correa, Moreno, Lasso y ahora Noboa han decidido consultar al pueblo. Se sabe que la medida no atiende únicamente al avance político, o a un cambio significativo en el país. La consulta popular suele ser un instrumento de gestión y comunicación que, bien aprovechado, sirve para legitimar al gobernante a partir de la movilización ciudadana y su incidencia en la agenda pública.
En este objetivo es fundamental la percepción costo – beneficio en la sociedad. No alcanza con tener una popularidad que supera el 60 % si la consulta popular es considerada inútil o un desperdicio de recursos ante cambios que serán insuficientes. Peor aún si buena parte de ellos pueden resolverse en el hemiciclo del legislativo.
Los hechos están dados y el evento convocado. Queda observar el ánimo de la conversación social sobre este nuevo ejercicio electoral cuyo resultado será parte de la plataforma electoral de la presidenciable de inicios del 2025, donde seremos llamados de nuevo a las urnas.
