La banca y el conjunto del sector financiero están realizando un trabajo imprescindible para que los ciudadanos y las empresas ecuatorianas puedan usar menos efectivo (dólares físicos) en favor de un mayor empleo de los métodos electrónicos para las transacciones financieras. El dinero digital ya existe, pero ahora no solo deben usarlo los clientes bancarizados o cooperativizados, el objetivo es disponer de una infraestructura para que, como sucede con los dólares físicos, todos puedan usar los dólares digitales y no solo los bancos o cooperativas. La utilización del dólar digital tendrá muchos efectos positivos. Tal que, se espera que contribuya a la estabilidad financiera, ya que, podría mitigar las crisis bancarias, que son las crisis más destructivas porque colapsan los pagos, se disminuiría el señoreaje (egresos generados por la disposición de dólares físicos); y también se liberalizarán las actividades bancarias, como ha sucedido en las últimas décadas en otras actividades (como el comercio internacional, las telecomunicaciones, el transporte aéreo o la introducción al mercado chino). Por lo que, los servicios de pago y los servicios de crédito quedarían sometidos a las reglas del mercado.
Disponer de esa infraestructura, es el primer paso de una reforma estructural del sistema monetario y bancario donde los dólares digitales serán el medio de pago digital aceptado universalmente. Este cambio estructural será parecido al que ocurrió en el siglo XIX con el dinero físico. En que los bancos comerciales dejaron de emitir billetes y hoy todo el dinero físico es emitido por el Banco Central de EEUU (la Fed). Por eso, el Estado para intentar evitar las crisis bancarias, ha ido acumulando una enorme cantidad de protecciones y privilegios para los bancos. Por ejemplo, garantizar sus depósitos, proporcionar apoyo mediante préstamos de liquidez, evitar su quiebra, utilizar el dinero de los contribuyentes para rescatar a los bancos, y muchos más privilegios convierten al sector bancario en el más protegido e intervenido de la economía.
Estas protecciones estatales son muy costosas para los contribuyentes y; además, tienen enormes costos indirectos porque al impedir la competencia en los servicios de pago y crédito, reducen el crecimiento económico, la eficiencia y la innovación. (O)
