Ecuador, en el sector eléctrico, como en otros, es víctima del cortoplacismo, de la miopía de la clase política, de los “no a todo”, de la falta de intuición para no ver más allá de las propias narices, ni se diga de intereses oscuros, beneficiarios directos de sus emergencias, por no decir de sus desgracias, como las actuales, derivadas de los cortes diarios de luz.
Pese a depender en un 70 % de las centrales hidroeléctricas se hizo caso omiso de los efectos del cambio climático, causante de las prolongadas épocas de estiaje; sobrevino la complacencia por la compra de energía a Colombia como si sería eterna; se multiplicaron las instituciones ligadas al área eléctrica, cada una con poder de mando sobre las otras, hasta duplicando funciones.
Sin desconocer la utilidad de las centrales eólicas, no se exploraron nuevas energías; se ha torpedeado hasta el cansancio la explotación del campo gasífero Amistad; no se reemplazó el obsoleto parque termoeléctrico, y las reparaciones de las unidades de generación de algunas hidroeléctricas suelen caminar con “pies de elefante moribundo”.
Ni siquiera la emergencia vivida en los últimos meses de 2023 sirvió para tomar precauciones. Cuanto se hizo en esa época, si de verdad se hizo, siguió los mismos pasos de aquel paquidermo.
Ahora vienen los apuros, mientras el país camina a oscuras. Ojalá Roberto Luque, ministro de Energía (e), apoyado en el decreto del estado de excepción, haga lo correcto, con transparencia, mientras más pronto, mejor. El país le cuenta los días.
Según analistas, si la demanda actual de electricidad supera los 1000 MW vale preguntar al ministro, ¿cuánta energía consumen las empresas mineras transnacionales? ¿Cuánto se les cobra por kilovatio-hora? ¿También les aplican los apagones o siguen trabajando 24/7? ¿Serán capaces de producir su propia energía? Con seguridad, están entre los mayores consumidores de energía eléctrica, y nunca paran. ¿O no?
