A raíz de una consulta popular que planteo el ex presidente Sixto Duran Ballén, ganó una de las preguntas que tenía que ver con la participación de ciudadanos independientes como candidatos a dignidades de elección popular. Obviamente, ello obedecía a una reacción del electorado contra las organizaciones políticas de aquella época que, gracias a las disposiciones legales, tenían bajo su control absoluto la conformación de las listas. Desde hace 30 años, entonces, una persona independiente, sin necesidad de tener que afiliarse a un partido político, puede ejercer su derecho a ser elegida, pero con el requisito de ser auspiciada por una organización partidista.
Es justo que ahora, a los treinta años de vigencia de la disposición legal que norma la participación como candidatos de ciudadanos independientes, hagamos un balance y analicemos si tal disposición ha sido o no ventajosa para el país. Desde mi punto de vista y, salvo las excepciones de rigor, la participación de los independientes, en los organismos seccionales o en la legislatura, no ha representado una real conveniencia para la sociedad. En muchos casos, apenas electos, e incluso antes de posesionarse para sus cargos, ya declaran su voluntad de separarse de los partidos que los auspiciaron, según ellos, claro, para actuar “independientemente”, cuando la verdad es que lo que buscan es “independencia” pero para negociar con sus propios intereses y prebendas. La historia de las bancadas legislativas independientes es “rica” en pactos obscuros y arreglos poco cristianos, a tal punto, que actualmente, tenemos a independientes tras las rejas y a otros por los tejados, y a otros buscando, por enésima vez, una nueva agrupación que los “acolite” en sus afanes de poder y figuración.
Creo entonces que la disposición debe reveerse. Tampoco volver a la dictadura de los partidos, pero sí, por ejemplo, reglar que si un candidato independiente participa con el auspicio de un partido, esta situación se pueda dar por una sola vez, pues, de otra manera se aúpa los camisetazos y la proliferación de candidatos “profesionales” en el arte del toma y daca. (O)
