Como propuesta de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano (PSC), en la Asamblea se debate la posibilidad de sancionar con la destitución a los legisladores que, tras formar parte de una bancada legislativa, deciden cambiar de bloque, lo que se conoce en materia política como “transfuguismo”, pero que comúnmente se denomina ‘camisetazo’.
Sólo en lo que va del actual período legislativo se han registrado un total de 19 ‘camisetazos’, que han afectado principalmente a las bancadas de Construye y de la RC, pero esto no es exclusivo de esta etapa, en la Asamblea del 2021 al 2023 se cambiaron de bancada 27 legisladores y en la del 2017 al 2021 lo hicieron 65 asambleístas, este último número alto se debió a que Alianza PAIS se partió en dos.
Para Viviana Veloz, quien desde la Comisión de Justicia apoya esta reforma que deberá pasar a segundo debate, la necesidad de sancionar el ‘camisetazo’ se basa en que, por lo general, este cambio de bancada no es gratuito, sino que está de por medio la entrega de cargos, en lo que incurren los “legisladores de alquiler, los que tienen precio”.
Sanción exagerada
Medardo Oleas, experto en legislación electoral, calificó como desproporcionado el pretender, mediante sanciones, mantener a un legislador en una bancada, con la que muchas veces ni siquiera tiene afinidad, pues son candidatos elegidos de la noche a la mañana, que no pertenecen, ni comulgan con su ideología.
“Un asambleísta no puede ser sometido a la disciplina de una organización que vende sus puestos, porque se les deja participar con movimientos prestados; los ‘camisetazos’ no se deben combatir en la Asamblea, sino con reformas al Código de la Democracia, para que exista una real democracia interna y que se revisen seriamente las firmas de adhesión”, afirmó Oleas.
Con esta posición concuerda Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, quien considera que el uso de las organizaciones políticas, solo para llegar a la Asamblea y luego separarse, se frenará si no se permite la participación de personas que no hayan sido formadas en los partidos y que no tengan, al menos, dos años de militancia.
“El trasfuguismo político hay que analizarlo desde el punto de vista preelectoral, porque el tratar de regularlo cuando ya existe el problema es complicado, es decir, no sirve de nada tratar de evitar que un asambleísta se cambie de camiseta con una sanción”, puntualizó el experto.
Los cambios continuos
Para Celi, lo que sí ameritaría una sanción son los cambios continuos de ‘camiseta’, pero no en la Asamblea, sino a nivel ético; por ejemplo, en España se estableció un pacto mediante el cual las organizaciones políticas se comprometieron a no recibir en sus filas a los legisladores que se han cambiado más de una vez de bancada.
Pero para Sofía Sánchez, legisladora que fue electa por Construye, pero apenas se posesionó se declaró independiente y hoy es cercana al PSC, la separación de una bancada debe ser investigada a fondo, antes de pensar en sanciones, pues existen temas insostenibles, por los que un asambleísta se separa de un bloque.
“En Pachakutik yo viví discriminación, porque no era indígena; además, un asambleísta fue acusado de abuso sexual y se pretendía defenderlo, por la defensa de los derechos de las mujeres no me podía quedar en una organización política a la que además nunca estuve afiliada”, afirmó Sánchez.
Los golpeados y los beneficiados
Gracias a los ‘camisetazos’ y a la adherencia de los asambleístas de organizaciones locales, la bancada oficialista de ADN pasó de 14 legisladores, con los que empezó el actual período legislativo, a 36 asambleístas, convirtiéndose en la segunda fuerza política en la Asamblea.
Mientras que la organización política más golpeada es Construye, ni bien se instaló la Asamblea perdió a 9 asambleístas de su aliado Gente Buena y poco a poco se ha ido desgranando, sus últimas bajas fueron Alexandra Castillo y Francisco Cevallos, que pasaron a ADN; y Carla Cruz y Andrea Rivadeneira, que se vincularon al PSC. De los 28 legisladores iniciales, hoy solo le quedan 16.
Construye señaló que las últimas bajas se dieron ante la posibilidad de que la organización desaparezca, por una sanción de Tribunal Contencioso Electoral (TCE), de lo que ha acusado al Gobierno.
En cuanto a la suma de voluntades que ha logrado ADN, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, negó que el Gobierno les haya ofrecido algo, sino que, a puerta de las elecciones, han sido los asambleístas los que los han buscado.
“El presidente de la República mantiene una popularidad muy alta, un respaldo popular muy fuerte, lo mismo su proyecto político, esto ha llevado a que muchos vean en él una forma de hacer política. No descartaría que otras personas quieran sumarse, pero son sumatorias respecto del proceso electoral”, dijo Torres.
