La pugna que existe entre el Gobierno y la oposición se profundiza con los juicios a los ministros de Noboa.
La mayoría de oposición al Gobierno, integrada por el Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (RC) y Construye se activó nuevamente, esta vez les perdonó la vida a tres ministros de Lasso, para avanzar con los juicios políticos contra los secretarios de Estado de Daniel Noboa.
A través del retiro de las firmas, lo cual dejó a los procesos sin las 34 rúbricas necesarias para iniciar un proceso de juicio político, se echó abajo las solicitudes en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior (Senescyt); y, Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas.
En el retiro de firmas participaron los legisladores del PSC y del correísmo.
La solicitud de juicio político presentada por la asambleísta Patricia Núñez (RC) en contra de Sebastián Corral, contaba con 41 firmas; entre el 26 y el 28 de junio 26 legisladores retiraron su apoyo, con lo cual quedaron únicamente 15 firmas válidas.
Respecto del juicio contra la extitular de la Senescyt, Andrea Montalvo, propuesto por María Fernanda Araujo (ADN), se presentó con el respaldo de 35 asambleístas, se retiraron 4 firmas, de legisladores del PSC, con lo cual quedaron 31.
Mientras que, en el juicio contra Pablo Arosemena, propuesto por la asambleísta Inés Alarcón (ADN), la solicitud originalmente tuvo 35 firmas, se retiraron 4 y quedaron 31.
Aunque las proponentes de los juicios en contra de Montalvo y Arosemena, las legisladoras Araujo y Alarcón, presentaron nuevas firmas para subsanar las que habían sido retiradas, la Comisión de Fiscalización, de mayoría correísta, no les permitió completarlas.
La Comisión solicitó un pronunciamiento del secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, quien recalcó que el único organismo facultado para autorizar que se complete una solicitud de juicio político es el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Gobierno rechaza la decisión
Antes de que el informe sea votado por la Comisión de Fiscalización, el presidente Daniel Noboa se pronunció sobre la intención de salvar a los ministros de Lasso y avanzar con los juicios en contra de los suyos.
“Son capaces de salvar a exministros con procesos en Contraloría y en Fiscalía. Los que nos llevaron directamente al desastre fiscal. Ese es el Viejo Ecuador, para quienes aún se lo preguntan”, dijo Noboa.
En ADN, la bancada gobiernista, es obvio que la intención de la oposición era eliminar estos juicios pendientes para iniciar con el tratamiento de los procesos en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia; y de la canciller Gabriela Sommerfeld; que son investigadas por la irrupción de la Policía Nacional en la Embajada de México.
“Ellos estuvieron de acuerdo con el mal manejo que hicieron los ministros en su tiempo, nosotros iniciamos el proceso de fiscalización y ellos lo apoyaron, ahora lamentablemente, para acelerar otros procesos, retiran sus firmas, dejando a estos ministros sin responder a la ciudadanía”, afirmó Nathaly Farinango, de ADN.
Desde el correísmo, Gissela Garzón señaló que, en el caso de Sebastián Corral, en su bancada se decidió que, tomando en cuenta que esta persona ha sido sacada de algunos procesos investigativos, se quedaron sin sustento para procesarlo, por lo que las firmas fueron retiradas.
En cambio, desde el PSC se justificaron al señalar que, aunque inicialmente apoyaron los juicios que ADN solicitó en contra de los funcionarios de Lasso, ahora se dan cuenta que era una “jugarreta” del Gobierno para demorar la acción fiscalizadora respecto de sus propios ministros, por lo que decidieron retirar las firmas.
El retiro no es legal
Para Roger Celi, experto en Derecho Legislativo, la intención de la oposición era adelantar los procesos en contra de los funcionarios de Daniel Noboa, para lo que habrían incurrido en una ilegalidad, pues en ninguna parte de la ley se permite retirar firmas que habían sido avaladas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
“El artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece el requisito de 34 firmas, pero la LOFL no establece la posibilidad de retirar firmas. En derecho público solo se puede hacer lo que está escrito en la Ley, así que lo que han hecho carece de sustento, es una jugada politiquera, no legal”, recalcó el experto.
La bancada de ADN, a través de un comunicado, señaló que archivar juicios que fueron aprobados, es ilegal y es «una muestra clara de la vieja política intentando proteger a sus aliados.
Un juicio pendiente
Entre los procesos en contra de los ministros de Lasso se ha quedado uno pendiente, el que se ingresó en contra de Ana Belén Cordero, secretaria de la Política Anticorrupción de este Gobierno, el que debería ser tratado antes del proceso contra la canciller.
La última noticia sobre el juicio en contra de Cordero que se hizo pública data de abril del 2024, cuando el CAL avocó conocimiento de la solicitud y la remitió la Unidad Técnica Legislativa, que en un plazo de tres días debía revisar los requisitos.
Según le informaron a Corder, el CAL hizo una consulta sobre el caso a la Corte Constitucional (CC), ya que desconocía cómo proceder, pues el cargo que ocupó no es sujeto de juicio político.
Aunque la CC le habría respondido al CAL, afirmando que no es un ente de consulta, sino de aplicación de la Constitución, por lo que no se podía pronunciar; este organismo no ha notificado a la Comisión de Fiscalización sobre lo ocurrido, por lo que la Comisión avanzará al juicio en contra de la canciller actual, ignorando este proceso.
