La masiva migración irregular hacia EE. UU. tiene otra barrera.
Este país y el flamante presidente de Panamá, José Raúl Mulino, días atrás firmaron un acuerdo encaminado a frenar la migración de los “sin papeles” a través de la temible y mortal selva del Darién.
Parte de esa vorágine migratoria por aquella ruta son los ecuatorianos, aún conociendo los peligros, algunos, mortales. También lo hacen venezolanos, haitianos, colombianos y hasta chinos.
El gobierno panameño preveía colocar barreras de alambre de púas en varios sectores a lo largo del Tapón del Darién, pero su par norteamericano ha dicho no compartir con este mecanismo por peligroso.
Por lo visto, resta esperar el mecanismo a emplearse. Mulino, se supone, lo dirá próximamente, como quien, además, cumple una promesa de su campaña electoral.
EE. UU. se ha comprometido, según el acuerdo, a emprender masivas deportaciones de quienes osen pasar por el Darién, para cuyo efecto ha destinado USD 6 millones.
Desde enero a la fecha habrían pasado 195 mil migrantes; en 2023 lo hicieron medio millón. Cifras relevadoras de un fenómeno social sin precedentes.
Independientemente del método a emplearse y de cuan efectivos sean los procesos de repatriación “seguros y humanos”, activistas sociales y defensores de los derechos humanos dudan de si el acuerdo surta los resultados anhelados por las autoridades de ambos países.
La disuasión empleando aquellos mecanismos no da resultados; además, el gobierno panameño no tiene la capacidad suficiente para construir la infraestructura necesaria en aquel inhóspito lugar, y la aglomeración de los migrantes retenidos puede resultar un gran problema social en ciudad Panamá.
EE. UU. ha ensayado varios intentos por frenar la estampida migratoria irregular hacia su territorio, pero sin éxito. Y siempre es un tema gravitante en la campaña electoral. En la actual no es la excepción.
