Escuchar las opiniones de los afiliados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una necesidad imperiosa, no se trata de imponer lo que sus administradores consideran las soluciones a su evidente desajuste que afecta a más de tres millones de aportantes, cuatrocientos mil jubilados y miles de ciudadanos beneficiaros del montepío.
Consideremos que millones de ecuatorianos tienen una relación efectiva al ser también beneficiarios por la decisión del poder ejecutivo de ampliar la prestación de salud para los cónyuges e hijos de los afiliados sin la necesaria contribución, ya que por ley debe estar financiada.
La burocracia contabiliza un presupuesto desproporcionado en relación a las prestaciones de salud, jubilación, montepío, cesantía, riesgos de trabajo, maternidad y vivienda, con el agravante de tomar a cambio de papeles, millones de dólares en efectivo, por los empréstitos forzosos a la función ejecutiva, cuyo monto, actuarialmente se desconoce y que con la eliminación del 40% de aporte estatal, pese a su declaratoria posterior de inconstitucionalidad, son la causa de la crisis financiera del IESS.
Acción nefasta de lesa humanidad porque afecta a millones de ciudadanos ecuatorianos que durante su vida útil aportan al IESS el 20,60% del valor de su remuneración.
Pero es el resultado de la estulticia dominante
No se trata de considerar como causa principal del déficit presupuestario del IESS el aumento de la expectativa de vida a los 80 años, cuando décadas anteriores fue de 65 años, factor que justificaría la reforma de la tabla de aportación y el límite de edad para la jubilación. Punto de vista errádico, porque no ataca la causa fundamental de la crisis en salud y a poco la jubilar. El problema de fondo es la corrupción institucionalizada.
En consecuencia, la solución es depurar el sistema con la reforma global del seguro social. (O)
