Por fin al Gobierno Nacional parece encenderle las luces en medio de la oscuridad programada a causa del estiaje y la sequía, pese las lluvias salvadoras durante estos días.
Apremiado por la emergencia, recién se da cuenta de la poca utilidad de la Ley de Competitividad Energética, pomposamente adjetivada como “Ley no más apagones”, aprobada en enero de 2024.
En esa ocasión apenas se fijó un techo de 10 megavatios (MW) a los proyectos privados en el sector eléctrico. Ni al Gobierno peor a la Asamblea Nacional se les ocurrió debatir sobre tan poca capacidad de generación.
En estos siete meses, ningún privado ha invertido un solo dólar en función de aquel margen. ¿O sí? La poca seguridad jurídica, las tarifas políticas y los engorrosos trámites en el Ministerio de Energía para lograr las autorizaciones, causan desobligo.
Ahora, con el carácter de económico urgente, el Gobierno envía a la Asamblea una propuesta para incrementar hasta 100 MW la capacidad de generación de los proyectos de iniciativa privada; además de acuerdos de compra de energía.
Dichos proyectos se relacionan con la energía solar, eólica, geotérmica, entre otros, para cuyo efecto los inversionistas requerirán de la autorización del Ministerio de Energía, y los ejecutarán a su cuenta y riesgo.
La propuesta está en manos de la Asamblea, ahora bajo la dirección del correísmo, caracterizado por su convicción estatizante, sobre todo cuando se trata de los servicios públicos, y por eso mismo, bajo el eufemismo de “estratégico”, anuló la inversión privada en la Constitución.
Quiéranlo o no aceptar, si no hay inversión privada en el sector eléctrico el país no saldrá de las tinieblas. Seguir esperando el “milagro” de las lluvias, tampoco cuenta. La clase política debe mirarse en el espejo de Perú y Colombia. Hay sequía y estiaje, pero cuentan con energía eléctrica.
Deben aprobar la reforma planteada. O la luz, o la oscuridad.
