En los últimos días el país ha sido testigo de nuevas inobservancias a la Constitución y la Ley, por parte del Gobierno presidido por el Presidente Daniel Noboa, y de amenazas a una jueza constitucional por parte del Ministro de Defensa.
Concretamente, una vez más el Presidente de la República ante sí y por sí (sin observar lo que dice el artículo 146 de la Constitución) determina la usencia temporal de la Vicepresidenta Verónica Abad, vuelve a designar ilegalmente otra Vicepresidenta encargada y, para rematar, encarga a ésta la Presidencia de la República y no a la Vicepresidenta elegida por el pueblo, como manda la Constitución de la República; y todo esto en el marco de una licencia de 3 días que el Presidente se concede a sí mismo (sin tomar en cuenta que la Asamblea Nacional es la única que legalmente puede concederla) para hacer campaña electoral (calificando a esta como motivo de “fuerza mayor”); dejando de lado su obligación de pedir licencia durante todo el tiempo que dure la campaña electoral, según el artículo 93 del “Código de la democracia”.
En suma, una especie de burla al marco constitucional y legal, que debe respetarse en un Estado de derecho y en un verdadero régimen democrático; una situación frente a la cual se han multiplicado las voces críticas, desde diversos sectores académicos, constitucionalistas (uno de ellos el “Foro en defensa de la democracia”), sociales, políticos, periodistas, etc.; pues, si esto continúa, se ha expresado el temor de que en Ecuador pueda desarrollarse un régimen autoritario con “careta democrática”, como lamentablemente ocurre en algunos países de América Latina.
Precisamente, como parte de un escenario potencialmente autoritario, e incluso de tintes totalitarios, es que se explicaría las amenazas que en cadena nacional hizo el Ministro de Defensa a la Jueza que, en el marco de un habeas corpus, dictaminó como desaparición forzada el caso de los 4 niños de las Malvinas, los que finalmente fueron hallados asesinados e incinerados. Recordemos, también, que días atrás se hicieron públicas las presiones y amenazas, por parte del Presidente de la Judicatura, a la Jueza que anuló la suspensión ilegal de funciones de la Vicepresidenta Abad por parte del presidente Noboa. (O)