Entre el barullo de la campaña electoral, los dimes y diretes luego del remedo de debate entre los 16 candidatos a ocupar Carondelet, las drásticas medidas anti migratorias tomadas por el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hecho judicial pasa casi desapercibido.
Se trata del caso Fachada, así denominado por la Fiscalía, cuyas investigaciones alcanzan a tres “jueces anticorrupción”, en teoría, como se dijo en un principio, incorruptibles, insobornables; escogidos, literalmente, de manera microscópica en 2022 por el Consejo de la Judicatura (CJ). Radican en Quito con todas las seguridades y dotados de sofisticados equipos tecnológicos.
Inicialmente fueron elegidos catorce jueces para aplicar la ley en casos relacionados con 44 tipos penales, entre ellos, lavado de activos, crimen organizado, tráfico de influencias, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, ejecuciones extrajudiciales, esclavitud y genocidio.
La Fiscalía indaga una supuesta red de corrupción cuyo objetivo sería, acudiendo a argucias jurídicas, dejar en libertad a los hijos del cabecilla de una organización criminal dedicada al narcotráfico.
Parte de esa red serían abogados en libre ejercicio profesional y tres jueces anticorrupción. De hecho, la Policía allanó la semana anterior la Unidad Especializada de Corrupción y Crimen Organizado.
Ellos cumplen prisión preventiva. Igual un abogado defensor del hijo de la vicepresidenta de la república, en cuyo poder los agentes hallaron balas y fajos de dinero en efectivo, además de documentos, aparentemente relacionados con los hechos investigados.
Si la investigación fiscal deriva en acusación y luego en sentencia condenatoria, la confianza en aquellos tipos de jueces quedará por los suelos. Será una mancha más para la administración de Justicia y, de paso, para el CJ, ampliamente cuestionado, hasta por corrupción y disputas intestinas.
Después de todo, la penetración del narcotráfico sigue sorprendiendo. ¿O, ya no?
