En las propuestas de las 18 listas de candidatos a asambleístas por Azuay para las Elecciones Generales 2025, una de las principales coincidencias es el combate a la corrupción.
Y es que la corrupción impacta directamente en la economía, pues desvía recursos públicos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura. Esto genera desigualdad, reduce la inversión y afecta el crecimiento del país.
Además, debilita la confianza en las instituciones, lo que fomenta la impunidad y el desinterés ciudadano en la política. La falta de transparencia dificulta el desarrollo de políticas efectivas y mina la estabilidad democrática.
También perjudica el empleo y la competitividad, ya que aleja a inversionistas y limita el crecimiento de empresas. Los sobornos y fraudes elevan los costos de producción y disminuyen la calidad de los servicios públicos.
Candidatos a asambleístas de Azuay ofrecen modificar la UAFE
En este sentido, entre los principales planteamientos de los postulantes a legisladores están el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La UAFE es el organismo encargado de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación de delitos. Su labor se centra en el análisis de información financiera y la identificación de transacciones inusuales.
Además, trabaja en la regulación de sectores económicos y en la cooperación con organismos nacionales e internacionales para fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
No obstante, para los postulantes a legisladores, es urgente hacer reformas para que la UAFE tenga mayor autonomía y coordinación con entidades judiciales para facilitar el acceso a información bancaria.
Medidas para combatir a la corrupción que plantean candidatos a la asambleístas
Esto permitirá agilitar investigaciones sobre corrupción y financiamiento ilícito, y evitar trabas burocráticas para fortalecer la transparencia y garantizar sanciones más efectivas contra quienes cometan estos delitos.
Por otra parte, los candidatos proponen reformar el Sistema de Contratación Pública para hacerlo más transparente. Plantean digitalizar procesos, reducir discrecionalidad y exigir mayor control ciudadano en las adjudicaciones.
También ofrecen fortalecer la supervisión con auditorías constantes e inteligencia artificial para detectar irregularidades. Plantean sanciones más duras para funcionarios y empresas que incurran en corrupción.
Además, proponen que las contrataciones sean totalmente públicas y trazables en tiempo real. Buscan eliminar adjudicaciones directas innecesarias y garantizar competencia justa entre los proveedores del Estado.
Contraloría General del Estado
Los candidatos también proponen que la Contraloría General del Estado (CGE) analice los procesos antes de la contratación para prevenir irregularidades. Esto evitaría adjudicaciones con sobreprecios y conflictos de interés.
También plantean que la CGE implemente auditorías preventivas y un sistema de alertas tempranas. Así, se detectarían fallas en licitaciones antes de que se firmen contratos, reduciendo el riesgo de corrupción.
Asimismo, buscarán fortalecer la independencia de la CGE y dotarla de más recursos tecnológicos y personal especializado. De este modo, garantizarían un control más efectivo en la gestión de fondos públicos.
Recomendaciones de especialistas
Para Marcelo Ávila, abogado y especialista en anticorrupción, para blindar al Estado de la corrupción es clave fortalecer la transparencia en todas las instituciones públicas.
Una de las principales medidas es la implementación de auditorías externas regulares. Estas revisiones imparciales ayudan a identificar y prevenir posibles actos corruptos antes de que ocurran.
A decir de Ávila, asimismo es fundamental que los procesos de contratación pública sean más transparentes, con plataformas digitales abiertas donde los ciudadanos puedan seguir los procedimientos.
También recomendó fomentar la protección de denunciantes de actos de corrupción para asegurar que aquellos que alerten sobre malas prácticas no enfrenten represalias. Esto crea un ambiente de confianza.
Finalmente, para Ávila, la educación en valores éticos y la cultura de la legalidad deben ser incorporadas desde temprana edad. «La prevención es clave, y una sociedad consciente actúa como un freno natural…», señaló.
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