Primero fue Girón en 2019, luego Cuenca en 2012, los cantones azuayos donde se efectuaron consultas populares para declarar a sus territorios libres de minería metálica, como en efecto ocurrió.
Ahora es Santa Isabel. Semanas atrás, el Concejo Cantonal aprobó autorizar a su parte legal que presente ante la Corte Constitucional (CC) los considerandos y las 12 preguntas para la realización de una consulta encaminada a prohibir “la actividad minera metálica a gran, mediana y pequeña escala, así como la de tipo artesanal”.
La documentación acaba de ser entregada en la CC. Su jueces, en un tiempo indeterminado, deberán emitir un dictamen favorable o desfavorable.
Las preguntas se enfocan en la protección de tres fuentes hídricas correspondientes a los ríos Gala, Jubones y Balao, de las cuales nacen decenas de microcuencas, aprovechables para el consumo humano. Igual para el uso agrícola.
Según los proponentes, las zonas con mayor presencia de oro se ubican en la parte alta del cantón, justo donde nacen aquellas fuentes.
No han sido pocos los roces entre los defensores del agua y los mineros, no solo con los irregulares y artesanales, también con los concesionarios autorizados por el Ministerio de Energía y Minas.
Años atrás, operativos liderados por las autoridades y el Ejército permitieron la incautación de materiales y maquinaria usada para la minería ilegal. Se destruyeron campamentos improvisados.
Según la alcaldesa Anabel Lalvay, de concretarse la consulta y de ganar la tesis para prohibir la minería metálica se respetarán las cinco concesiones. Es decir, seguirán trabajando sin contratiempos, aunque se desconoce si lo hacen como mandan las normas ambientales.
Si los resultados son favorables, como ocurrió con el caso de Cuenca, la CC suele precisar que serán aplicables para lo posterior, pues no tienen efecto retroactivo. Y sobre esto debe informarse al pueblo de Santa Isabel para evitar posibles malos entendidos. Ojalá ya lo sepa.
