Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), vinculó ayer al caso Ligados a Andrés Arauz, excandidato y secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana; Esther Cuesta, en calidad de presidenta encargada de la Asamblea Nacional; y Raúl González, superintendente de Bancos designado.
La jueza aceptó el pedido del fiscal general del Estado, Wilson Toainga, de vincularlos como autores del delito de asociación ilícita, aunque hay indicios de que también habrían incurrido en otros delitos como el tráfico de influencias y el incumplimiento de decisión de autoridad competente.
Previamente, a este caso fueron vinculados los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos (que eran parte de la Liga Azul) y la consejera Nicole Bonifaz.
El caso Ligados investiga la injerencia que el correísmo tuvo en la asignación de autoridades, a través del Cpccs, específicamente en el nombramiento del superintendente de Bancos y de vocales del Consejo de la Judicatura.
Araúz daba las órdenes en caso Ligados
El cabecilla de la organización irregular que operó dentro del Cpccs, para que afines a la Revolución Ciudadana se alcen con los cargos de autoridades de control, fue Andrés Arauz, así recalcó el fiscal Toainga.
Según los argumentos de la Fiscalía, basados en los chats encontrados en el celular de Augusto Verduga, Arauz daba las órdenes en el caso Ligados y definía los pasos que cada miembro de la organización debía seguir para conseguir los cargos para las personas que ellos decidían, con Raúl González pretendían manejar el sistema financiero del país.
Es así cómo Arauz manejó a Esther Cuesta, encargada de la presidencia de la Asamblea Nacional, para que retrase la posesión de Roberto Romero von Buchwald, como superintendente de Bancos; y que, además haga consultas al Cpccs sobre a quién se debería posesionar, con el objetivo de que el Consejo le conteste que a Raúl González.
El fiscal del caso Ligados presentó pruebas de que los chats de Verduga coinciden en tiempo con cada uno de los pasos que Arauz le ordenó a la exasambleísta Cuesta realizó y con los movimientos que se concretaron en el interior del Cpccs.
Cargo a cambio de puestos
A cambio de ser posesionado como superintendente de Bancos, Andrés Arauz le habría solicitado a González la entrega de 50 cargos dentro de la institución, los cuales, según lo señala Verduga en un chat, estaba dispuesto a entregar.
Adicionalmente, Arauz también daba instrucciones sobre las estrategias legales que se debían seguir en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como la presentación de denuncias a los jueces, para dilatar el proceso en el que los consejeros de la Liga Azul eran investigados por recibir auspicio del correísmo durante la campaña, lo cual está prohibido para este tipo de cargo, lo cual les terminó costando el puesto.
Gabriel Rivera, abogado defensor de Arauz, señaló que no existen pruebas de que el contacto identificado en el teléfono de Verduga como AN tenga nexos con el número de celular de su defendido; sin embargo, el exconsejero no guardó los chats, sino que le hacía capturas de pantalla a sus conversaciones, lo que permitió identificar a sus interlocutores.
Hasta el 13 de junio para regresar
La Fiscalía pidió para Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González tres medidas cautelares: la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante una autoridad judicial y la retención de sus cuentas bancarias hasta por 16.920 dólares.
La jueza Daniella Camacho accedió a la presentación periódica, pues no podía ordenar la prohibición de salida del país a personas que no están en Ecuador, en referencia a Andrés Arauz y Esther Cuesta, que están en México e Italia, respectivamente.
Cuesta y Arauz tienen hasta el 13 de junio del 2025 para retornar al país, fecha en la que deberán realizar su primera presentación ante las autoridades, si no vuelven, corren el riesgo de que se ordene en su contra la prisión preventiva y se declare su captura, como le ocurrió a su compañero Augusto Verduga.
