El Ministerio de Energía y Minas expidió una disposición para que la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) inicie las gestiones administrativas para la apertura del Catastro Minero Nacional.
Entre el 20 y el 23 de junio se emitirá el acuerdo ministerial de reforma al Instructivo para el Otorgamiento de Concesiones Mineras No Metálicas, bajo el régimen especial de pequeña minería en proceso de petición.
Del 24 al 27 de junio de 2025, de acuerdo con la planificación de esta cartera de Estado, la ARCOM emitirá una resolución con la que se establece oficialmente la reapertura del catastro minero.
Para el 28 de junio está prevista una comunicación pública sobre la habilitación de ventanillas físicas y electrónicas destinadas al proceso de otorgamiento de concesiones mineras no metálicas para la pequeña minería.
Sector minero
Para Patricio Vargas, presidente de la Cámara de la Minería de Azuay, la reapertura del catastro «debería constituir la posibilidad de que empresas o personas naturales puedan solicitar un área minera…».
Acotó: «Esta autorización sería para hacer ya sea labores de exploración o explotación… Esto es graficar dentro de las coordenadas que tiene el mapa del Ecuador un espacio para lograr tener un título minero…».
Indicó de igual manera que este catastro ha estado cerrado desde 2018 y que su reapertura, en teoría, debería ser un incentivo para atraer inversionistas para el sector minero.
Advirtió, sin embargo, que el Estado ha fijado una tasa fiscalizadora, a su criterio desproporcionada, que deben pagar los solicitantes de concesiones, lo que considera un obstáculo para quienes desean invertir en este campo.
Enfatizó: «No vemos con buenos ojos el hecho de haberse implementado una tasa minera sin tener los debidos sustentos y estudios previos necesarios…«.
Tasa
Asimismo, reconoció que el Estado necesita recursos, pero aseguró que «la manera en que se le está cargando al sector minero formal es totalmente desproporcionada y va a hacer que no venga mayor inversión al país…».
Explicó que en algunos casos la tasa minera llega al valor de una Remuneración Básica Unificada (RBU), es decir, 470 dólares por cada hectárea (ha) minera.
«El monto que piensan recaudar por la tasa fiscalizadora es mucho más alto que el monto de inversión que hizo el sector minero el año pasado…«, detalló Vargas.
Transparencia
Para Andrés Machado, abogado y especialista en temas mineros, la reapertura del catastro minero impulsa la transparencia en la asignación de concesiones.
Manifestó: «Hay que tomar en cuenta que esta reapertura del catastro también permite atraer inversión legal y responsable que dinamiza la economía local y nacional…».
Este especialista agregó que, con el catastro abierto, se puede controlar mejor el uso del suelo, combatir la minería ilegal y facilitar procesos de fiscalización, para proteger de esta forma al medio ambiente y a las comunidades.
Para él, este proceso permite generar empleo directo e indirecto en zonas rurales, mejora la infraestructura y fortalece el desarrollo productivo en áreas que antes no tenían opciones económicas sostenibles.
Afirmó que la información pública y digitalizada del catastro facilita estudios técnicos, permite una mejor planificación minera y ofrece seguridad jurídica a quienes invierten formalmente en el país.
Mecanismo de control
En Ecuador, el Catastro Minero Nacional permaneció cerrado desde 2018. La decisión fue tomada para revisar irregularidades en concesiones y mejorar los mecanismos de control sobre la actividad minera.
Durante este cierre se restringió el ingreso de nuevos proyectos, lo que frenó inversiones legales. No obstante, en varias zonas se registró un crecimiento de la minería ilegal, sin control ni beneficios fiscales.
La reapertura del catastro busca reactivar el sector de manera ordenada, con criterios técnicos, ambientales y sociales que garanticen una minería más transparente y sostenible.
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