La corrupción es otro de los grandes males de la República desde su creación misma.
Cada Gobierno ha intentado luchar contra ese mal sin mayor éxito. En muchos casos, ninguno.
Desde la ciudadanía también han surgido iniciativas con aquel mismo fin. Fueron creadas, precisamente, ante el fracaso de los Gobiernos, los más, paradójicamente, envueltos en serios escándalos, hasta con repercusión internacional.
Con las salvedades del caso, cada gobernante, o eliminó las pomposamente llamadas Secretarías Anticorrupción creadas por su antecesor, o incubó las suyas propias.
Incluso el cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene entre sus atribuciones la lucha contra la corrupción; pero todos conocen su triste rol en este ámbito.
Resulta irónico, paradójico, cuando un Gobierno decide controlarse, asimismo, para cuyo efecto crea Secretarías o Comisiones con sus propios partidarios y amigos, dizque para prevenir la corrupción u obtener eficiencias administrativas.
Aun con todas esas instancias burocráticas, los escándalos les pasaron por las tranqueras; y no hay gobernante “sin mancha ni pecado original” como para congraciarse.
¿El actual Gobierno va por ese mismo camino? Ha creado la Secretaría General de Integridad Pública, cuyos “responsables institucionales de cumplimiento” pondrán ojos y oídos en 35 entidades públicas para mitigar la corrupción y el incumplimiento de normas.
Cuanto descubran, la información la pasarán a los responsables máximos de cada entidad; desde aquí a la citada Secretaría.
De esa forma, los organismos de control, entre ellos la Asamblea, quedarán en segundo plano.
De ocurrir atisbos de corrupción, peor si se concretan, todo quedará “casa adentro”, a lo mejor sin sanciones a los responsables, peor con una investigación a fondo, mucho peor llegar a procesarlos.
La transparencia es todo o nada; de frente, todo; a medias, inútil.
