Entre las 18 normas que fueron modificadas a través de la Ley de Integridad Pública, está el Código Monetario y Financiero, en el cual se incluyeron cambios a las atribuciones de la Junta de Regulación, Política Monetaria y Financiera, que ahora tendrá la potestad de transformar a las cooperativas de ahorro y crédito en bancos, si es que lo considera pertinente.
En la décima primera disposición transitoria de la norma se establece que, una vez que los miembros de la Junta se posesionen, tendrán 90 días para identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deberán transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado (bancos).
En el argumento de la ley se señala que el objetivo de la decisión es proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía de las localidades y preservar la estabilidad financiera.
Una vez que la cooperativa pase a ser sociedad anónima del sector financiero privado, dejará de estar regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y estará bajo el control de la Superintendencia de Bancos.
La oposición a la medida
En un comunicado emitido el 23 de junio de 2025, un día antes de que la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Integridad Pública, la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) se pronunció en contra de la reforma y advirtió que la medida carece de fundamento legal y va en contra de lo que dice la Constitución.
“Reemplazar la visión social del cooperativismo por un enfoque financiero tradicional, es inaceptable y rompe con los principios rectores de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario”, recalcó el gremio.
Asofipse agrupa a siete organismos de integración cooperativa, con 5,1 millones de socios y representa a casi el 90% de los activos del sector cooperativo del país.
La inconstitucionalidad del cambio
Edgar Peñaherrera, presidente de Asofipse, recalcó que el artículo 309 de la Constitución señala que las cooperativas son parte del sector financiero popular y solidario y deben ser controladas por organismos específicos, es decir, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; para cambiar esto se requiere una reforma constitucional, no un cambio en la ley.
«No se puede pretender que organizaciones creadas bajo principios cooperativos se transformen en sociedades de capital con fines de lucro, como los bancos, deslegitimando el derecho de libre asociación y atentando contra el modelo económico solidario que sustenta nuestro sistema», dijo Edgar Peñaherrera.
Para el economista Javier Suárez la norma es inconstitucional en el fondo y en la forma, por lo que cree es cosa de tiempo que se la demande ante la Corte Constitucional, con una alta probabilidad de echarla abajo.
“Las cooperativas tienen una función social del desarrollo del crédito, sobre todo en las zonas donde los bancos no llegan o llegan con menos alcance, principalmente en el sector rural, no tienen clientes, sino socios; poner a las cooperativas, por más grandes que sean, en el mismo saco que los bancos, va contra lo que dice la Constitución y las leyes”, recalcó el experto.
Una aprobación sin diálogo
Al economista Javier Suárez le preocupa que, junto con la reforma a casi 20 cuerpos legales, el Gobierno haya incluido un tema tan sensible, como es el cooperativismo, en el que están involucradas miles de personas que trabajan, en su mayoría, por un fin social y comunitario; todo esto, sin ningún tipo de socialización.
“El tema de las cooperativas se debió dar de una forma abierta y transparente y no metido en una ley que tenía otros propósitos y que terminó regulando desde los impuestos, hasta a las cooperativas, que no tienen nada que ver; en 30 días, entre debate y debate, se incluyó algo que no fue dialogado con las partes involucradas”, afirmó el experto.
Desde Asofipse se pidió que se permita dialogar sobre el cambio que se planificaba hacer en la Asamblea, pero, la norma ya fue aprobada en el Legislativo y el jueves 26 de junio del 2025 fue publicada en el Registro Oficial, es decir, entró en vigor.
