Después de 50 días desde que inició un nuevo período en la Asamblea Nacional, se han aprobado leyes que han generado polémica y que han desencadenado en la presentación de diez demandas de inconstitucionalidad, de acuerdo a los registros de la Corte Constitucional.
Dos de esta leyes son los proyectos económicos urgentes propuestos por el presidente Daniel Noboa y un tercero es la Ley de Inteligencia, que fue impulsada y apoyada en la votación por el oficialismo.
Ante el rechazo de varios sectores, las leyes del Gobierno han recibido sendas demandas de inconstitucionalidad por errores que se han detectado, de forma y de fondo.
La normativa más objetada, hasta el momento, es la Ley de Integridad Pública. Se han presentado en su contra cinco demandas de inconstitucionalidad, los denunciantes son: la Unión Nacional de Educadores (UNE); los abogados Ricardo Luna y Stalin Rivera; el ciudadano Adolfo Espinel; el partido Unidad Popular; y, la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse).
Mientras que, en contra de la Ley de Solidaridad Nacional se han presentado cuatro demandas de inconstitucionalidad, los denunciantes son: el ciudadano Gabriel Lema; Unidad Popular; el abogado Erick Gavilánez; y, un grupo de 10 juristas.
La más reciente demanda de inconstitucionalidad la presentó este 4 de julio del 2025 el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y cinco gremios laborales más, en contra de la Ley de Inteligencia, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 10 de junio y que entró en vigencia solo un día después, cuando el presidente ordenó su publicación, sin hacerle ningún cambio.
Los temas objetados
Sobre la Ley de Integridad existe oposición por parte de los grupos sociales, que ven con preocupación que se los persiga si se los cataloga como organizaciones delincuenciales. Y, de parte del sector del cooperativismo, la Asofipse rechaza que se obligue a las cooperativas de ahorro y crédito a convertirse en bancos.
Tanto en la Ley de Solidaridad, como la Ley de Integridad, los demandantes observaron la falta de unidad de la materia, pues los legisladores incluyeron en las dos normativas reformas a decenas de cuerpos legales, que no tendrían relación entre ellas, ni con el objetivo principal de las normativas.
Además, en la Ley de Solidaridad se critica el indulto presidencial adelantado; los beneficios tributarios para quien done a las fuerzas del orden, que crearía un régimen tributario paralelo.
En contra de la Ley de Inteligencia
El FUT y otros cinco gremios de trabajadores presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia que, aunque no fue una propuesta del Gobierno, pues llevaba siete años en debate, su aprobación fue impulsada por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN).
Los sindicalistas se oponen a la norma pues consideran que viola varios derechos fundamentales, entre estos a la privacidad, ya que se permite que el Sistema de Inteligencia solicite información de los ciudadanos, sin previa autorización judicial.
“Estas leyes violentan derechos fundamentales, no solo de los trabajadores, sino del pueblo ecuatoriano; quieren eliminar el derecho a pensar, a reunirse; con pretexto de vigilar a la delincuencia, quieren imponer controles a todos”, afirmó Edwin Bedoya, presidente del FUT, quien señaló que el lunes 7 de julio presentarán la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública.
Leyes llenas de defectos
Para el constitucionalista José Chalco, las leyes que han sido demandadas ante la Corte Constitucional tienen una alta probabilidad de terminar en sentencias favorables para los denunciantes, pues detecta en ellas una serie de defectos de forma y de fondo.
Solo la Ley de Solidaridad, para Chalco, tiene probabilidad de pasar el filtro de la Corte.
En cuanto a la Ley de Integridad Pública, para el experto, el principal defecto es la unidad de la materia; el oficialismo le sumó al proyecto reformas a 20 cuerpos legales que, no tienen conexión entre sí; sobre esto, la Corte Constitucional ha advertido que será rigurosa con las leyes económicas urgentes.
En la Ley de Inteligencia, según el constitucionalista, el defecto es de forma, no se puede interceptar comunicaciones sin autorización del juez, sobre esto también se ha pronunciado previamente la CC. (I)
