La rendición de cuentas es una exigencia legal y un derecho ciudadano.
Conforme a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), todas las autoridades de elección popular o por designación, así como las instituciones públicas, están obligadas a informar a la ciudadanía sobre su gestión. Esta obligación no es simbólica, es un mandato legal.
En democracia, toda autoridad tiene la obligación de informar cómo, cuándo y en qué usa los recursos públicos. La transparencia en la administración es fundamental para prevenir la corrupción, garantizar una gestión eficiente y fortalecer el Estado de derecho. ¿Y nosotros? Tenemos el derecho legítimo de exigir respuestas claras, datos abiertos y decisiones transparentes. La ciudadanía no debe ser una espectadora pasiva; su rol activo es clave para evaluar, criticar y mejorar la función pública.
Es un camino de doble vía: tú participas, ellos rinden cuentas. Así se construye confianza. Cuando el vínculo entre autoridad y ciudadano se basa en el respeto y la información compartida, se fortalece la democracia. Recuerda: rendir cuentas no es opcional, es un compromiso con la gente. Exijamos con firmeza lo que nos corresponde. Solo una sociedad vigilante y participativa puede garantizar gobiernos responsables y cercanos a sus mandantes. (O)
