La desigualdad económica en el país es uno de los factores clave para entender el debilitamiento de los esfuerzos del estado en materia de desarrollo. Hace más de una década, el correísmo intentó redefinir la misión de las instituciones públicas con la Patria ya es de todos, y el expansionismo estatal. En la actualidad, el gobierno de Noboa no dista mucho de aquella conducta, y su actuación es, en gran medida, rehén de los intereses de los mismos ricos inversores privados, evidenciando una subordinación de los objetivos públicos a los intereses privados. De hecho, los planteamientos que dan prioridad a la inversión privada, pueden limitar la capacidad del estado para controlar su desarrollo. La financiación privada puede deteriorar la calidad de los servicios públicos, que son fundamentales para abordar la desigualdad, en tanto que, la inversión en servicios públicos ha demostrado ser esencial para reducir la desigualdad.
Aunque la concentración de riqueza se está incrementando, su contribución impositiva frente a su riqueza es muy inferior a lo que aporta cualquier trabajador medio. Es hora de impulsar un sistema fiscal en el que los grandes patrimonios paguen más, así como de reforzar los mecanismos de lucha contra la evasión y elusión fiscal y mejorar la transparencia. Una fiscalidad justa y progresiva puede movilizar los recursos públicos necesarios para que las ciudades puedan garantizar la prestación de los servicios públicos universales. Esta contribución de los grandes patrimonios recoge un apoyo generalizado especialmente cuando se plantea que los recursos se destinen a las políticas de salud, a la Seguridad Social. El IESS, por ejemplo, es una institución que, a pesar de sus serias falencias, todavía funciona y sirve para reducir la desigualdad. Para hacer realidad esta visión, los distintos actores deberían adoptar un enfoque que dé prioridad al sector publico y no al revés. (O)