La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) presentó este 16 de junio del 2025, ante la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, propuesta por el Gobierno y aprobada por la Asamblea Nacional.
Karina Rodas, presidenta de la Aemaj, señaló que las reformas recientemente aprobadas comprometen “gravemente” la institucionalidad del sistema de justicia en el Ecuador.
Además, como gremio se solicitó una medida cautelar, para que, mientras se resuelve la demanda, se suspenda la aplicación de la norma, esto con el fin de evitar se vulneren derechos constitucionales de los administradores de justicia, así como se la violación de la institucionalidad.
La acción constitucional se sustenta en dos ejes principales: la inconstitucionalidad por la forma y la inconstitucionalidad por el fondo.
1. Por la forma:
La norma impugnada carece de unidad de materia y no cumple con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la determinación de emergencia económica urgente. Esta deficiencia formal compromete la validez del proceso legislativo y afecta el principio de seguridad jurídica.
2. Por el fondo:
Se han identificado múltiples disposiciones que vulneran derechos y principios constitucionales, entre ellas:
- La Disposición Reformatoria Décimo Sexta, que incorpora el artículo 269.1 al Código Orgánico de la Función Judicial, permitiendo la declaratoria de emergencia en la justicia.
- Endurecimiento del régimen disciplinario, a través de nuevas figuras que duplican tipos penales ya existentes o que requieren pronunciamiento previo de la justicia penal; normas que podrían afectar la presunción de inocencia, el principio de legalidad y la proporcionalidad sancionadora.
- La figura de la “declaratoria ficticia” para el nombramiento de jueces temporales, que también podría atentar contra los principios de transparencia, mérito e independencia judicial.
“Estas reformas podrían debilitar los controles jurisdiccionales, infundiendo temor en los operadores de justicia y comprometiendo su capacidad de actuar con autonomía”, señaló Rodas.
