El lunes 14 de julio del 2025 la Contraloría General del Estado presentó el informe de auditoría realizado al contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM), en el que se evidenció una serie de irregularidades, por lo que se recomendó a la Fiscalía General del Estado que se investigue el caso.
El 16 de julio del 2025 la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, señaló que varios funcionarios fueron desvinculados, debido a que en el informe de la Contraloría se los responsabilizó de las irregularidades en la contratación y se los señaló con indicios de responsabilidad penal.
“Hoy esos funcionarios no nos acompañan más”, afirmó Manzano.
Horas después, Fabián Calero, quien desde octubre del 2024 se desempeñó como viceministro de Electricidad y Energía Renovable, renunció al cargo; de igual forma presentó su renuncia Gustavo Sánchez, gerente de Celec.
La contratación de los equipos de ATM se dio en medio de la emergencia decretada durante el estiaje del 2024, para la compra de generadores de energía térmica emergente que permita atender la demanda de energía a nivel nacional y que aumentaría la capacidad de la central Esmeraldas.
¿Qué encontró la Contraloría?
En un informe de auditoría de 142 hojas, la Contraloría observó que Celec contrató a una empresa que no contaba con el sustento económico necesario, que no tenía la experiencia requerida y que no cumplió con los requisitos establecidos en el contrato.
Además, los equipos que ATM entregó, en primer lugar, no eran nuevos como exigía el contrato, ni tenían la fecha de fabricación exigida; tampoco tenían la potencia por la que se pagó.
En cuanto a los costos, a la empresa se le pagó casi el 70 % del monto total del contrato, es decir, recibió 58’455.011 dólares, de un total de 89’930.787 de dólares, cuando no cumplió con el mismo porcentaje de entrega.
Una empresa sin sustento
Según el informe de Contraloría, ATM es una empresa nueva, creada apenas el 26 de abril del 2024, dos meses antes de que se le invite para entregar los generadores, esto pese a que en los términos de referencia de la contratación se exigía una experiencia mínima de 10 años.
En las especificaciones del contrato también se exigía que la empresa contratada cuente con el sustento económico que avale un contrato de casi 90 millones de dólares, pero ATM fue creada con apenas 10.000 pesos uruguayos, equivalentes a aproximadamente 260 dólares.
La empresa uruguaya avaló la experiencia requerida con el trabajo realizado por Andina Turbomecánica SpA, creada en 2010, que supuestamente sería parte de su consorcio, pero, no se entregó evidencia de que las dos compañías están asociadas.
Generadores que no cumplen lo exigido
El contrato con ATM también fue observado porque los generadores adquiridos no cumplen con las especificaciones del contrato, para empezar, no serían nuevos y sin uso; además, tienen como año de fabricación el 2017, cuando el contrato establecía un máximo de cuatro años de fabricación.
Tampoco la potencia de los generadores coincide con lo que se pedía en el contrato, en el que se estableció que debían proporcionar 150 megavatios (MW), pero, el límite de potencia es de 90 MW.
ATM, a través de un comunicado, ratificó que sus equipos son nuevos y que el uso que se registra es el resultado de una movilización de mantenimiento que se hace siempre a las máquinas, para evitar que se dañen.
En cuanto al año de fabricación del 2017, se puntualizó que está acorde a la propuesta que la empresa presentó y Celec aceptó.
Fiscalía debe iniciar investigación
La Contraloría General del Estado, en su informe de auditoría realizado al contrato entre Celec y ATM, establece indicios de responsabilidad penal, lo que implica que la Fiscalía General del Estado deberá investigar el caso, para dar con los responsables.
La Comisión Nacional Anticorrupción pidió que la Fiscalía inicie el proceso investigativo penal de todos los responsables directos o indirectos de los contratos con ATM, sin restringir esta indagación solamente a los «funcionarios operativos» y determinar si hubo tráfico de influencias y delito de peculado.
La organización de la sociedad civil también pidió que se indague lo sucedido con el contrato entre Celec y Progen, en el que el contralor, Mauricio Torres, anticipó que también existen irregularidades.
