Ecuador mantiene la criminalización del aborto, excepto en contadas causales, pese a que podría salvar vidas y garantizar derechos. En marzo del año pasado Justa Libertad introdujo una demanda para la eliminación del delito de aborto en la Corte Constitucional, pero no se ha avanzado en el tema.
El discurso oficial defiende la vida desde la concepción, como consta en la Constitución, para negar su despenalización, pero guarda silencio cómplice cuando esa vida se apaga en hospitales públicos por evidente negligencia.
La muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil —por infecciones y falta de recursos— reveló fallas estructurales e incapacidad institucional. Sin embargo, la respuesta fue defensiva: destituciones puntuales, auditorías y desmentidos, sin asumir la raíz del colapso sanitario.
Esta doble moral criminaliza a mujeres que abortan, pero no sanciona las muertes evitables bajo su custodia. El Estado parece valorar la vida solo cuando sirve a intereses ideológicos, ignorando que protegerla implica garantizar condiciones dignas para nacer y vivir. La coherencia exige políticas de salud pública que defiendan todas las vidas, no solo las que convienen a un discurso conservador. (O)