A dos años de la consulta, cierre de pozos en el Yasuní está pendiente

El Gobierno presentó un plan en el que se comprometió a cerrar 58 pozos hasta finales del 2025.

Este 20 de agosto del 2025 se cumplieron dos años de que el 58,95 % de los ecuatorianos aprobó, en una consulta popular, que se mantenga el crudo del bloque 43 ITT indefinidamente bajo el subsuelo, con el objetivo de proteger al parque nacional Yasuní y a las poblaciones en aislamiento voluntario.

En agosto del 2024, cuando se venció el plazo que la Corte Constitucional le dio al Gobierno para cumplir con lo decidido en la consulta popular, la Presidencia de la República creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular, que presentó un plan de cierre y desmantelamiento de los 246 pozos del bloque 43, el cual estableció un plazo de cinco años y cinco meses para cumplir con esta meta.

Se incluyeron 10 pozos en el plan de abandono inmediato de la explotación en el Yasuní, que se ejecutó en el 2024 y, a partir del 2025 se cumpliría con un apagado y taponamiento de 48 pozos por año.

Se consultó a Petroecuador sobre el avance en el cumplimiento de la meta del cierre de pozos para el 2025, pero, no recibimos ninguna respuesta.

Solo se han cerrado 10 pozos

Este 20 de agosto del 2025 decenas de miembros de la nacionalidad waorani llegaron a Quito para protestar por la falta de celeridad en el desmantelamiento de la infraestructura petrolera en el bloque 43.

Han pasado dos años desde la realización de la consulta popular y se han clausurado menos del 5 % de los pozos.

Juan Bay, presidente de la nacionalidad waorani, señaló que, de los 247 pozos petroleros que tiene el bloque 43, apenas se han desmantelado 10, es decir, el Gobierno cumplió con su plan en el 2024, pero, en el 2025 no se ha avanzado nada.

“Ya es dos años que no hemos tenido una respuesta, hace un año ingresamos un documento para tener una respuesta de la Corte Constitucional y del Estado ecuatoriano, pero no ha habido la voluntad de respetar la voluntad popular, ahora volvemos a exigir que nos escuchen”, afirmó Bay.

Pedido a la Corte

En agosto del 2024 la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), representante de 87 comunidades distribuidas en Pastaza, Orellana y Napo, presentó ante la CC un plan de acción técnico para que el cierre del Yasuní se realice en solo tres años, llegando a un máximo de cinco años, pero no ha sido considerado.

“Las autoridades han impulsado un plan sin la participación de los pueblos indígenas, con un cronograma que se extiende hasta 2029 e incluso 2034, contradiciendo la voluntad popular”, señaló la NAWE.

El 20 de agosto del 2025 las organizaciones indígenas ingresaron un nuevo oficio a la Corte, para solicitar que se mantenga la fase de cumplimiento de la sentencia, con la que se ordenó la realización de la consulta popular, hasta el efectivo cumplimiento del fallo.

Acciones a nivel internacional

El 13 de marzo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por vulnerar los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI): Waorani, Tagaeri y Taromenane, que habitan en el Yasuní.

La Corte advirtió que se estaría poniendo en riesgo la vida de estas personas y vulnerando su derecho al no contacto, e instó al cumplimiento inmediato e indefinido de lo aprobado en la consulta popular.

Además, inicios de 2025, el Relator Especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas también advirtió sobre este incumplimiento de la consulta popular y llamó al Estado a garantizar la ejecución efectiva del mandato.

Un plan costoso de cumplir

Según el plan presentado por el Gobierno, el cierre de operaciones y abandono del bloque 43 ITT asciende a 1.345 millones de dólares.

Además, este bloque tiene una de las mayores reservas de petróleo de Ecuador, con aproximadamente 1.600 millones de barriles, y se estima que generaba ingresos anuales de 1.200 millones de dólares para el estado, en base a la información del Banco Central del Ecuador, los cuales el país dejará de percibir.

El cierre de los pozos también tiene un costo, que asciende a 1 millón de dólares por cada pozo, con un tiempo estimado de 15 días de operación, dando un total de 246 millones de dólares.

Andrea Salazar

Periodista multimedia especializada en temas políticos, judiciales, económicos y de migración con enfoque nacional.

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