En política, como en cualquier otro ámbito, la coherencia marca la diferencia.
Ser fiel a sus principios, vivir como se piensa, inclusive; defender una causa, un proyecto, las ideas, la visión sobre determinada situación, son virtudes propias de quienes son coherentes.
Lamentablemente aquello no es una línea de conducta entre los políticos ecuatorianos. Hay excepciones.
Los casos de incoherencia sobran. Sus protagonistas ni siquiera se inmutan. Un ejemplo claro se ve a diario en la Asamblea Nacional.
La explotación minera Kimasacoha, en cuyos páramos se “cuadró” el proyecto Loma Larga, es otro caso revelador de incoherencia.
El otorgamiento de la licencia ambiental por parte del Ministerio del Ambiente, ahora absorbido por el Energía, como era de esperarse, despertó la protesta colectiva en Cuenca y en toda Azuay.
La defensa del agua, de sus orígenes, de darle valor por encima del oro, es un detonante masivo con el cual no se esperaba el Gobierno, zanjando por suspender la licencia, una decisión sujeta a dejarla insubsistente en cualquier momento.
Empero, no ha sido bien recibida la oposición a la explotación demostrada por integrantes de un movimiento político, el responsable, cuando fue gobierno, de otorgar la concesión y hasta de festejarla yendo al páramo, de lo cual hay registros en fotografías y videos.
En aquel entonces, para ellos, como para los pro mineros, las fuentes de agua no serían afectadas, tampoco su calidad, ni siquiera habría consecuencias para el ecosistema de Kimsacocha.
Pero ahora han cambiado de opinión. Se los oye dando declaraciones a los medios condenando el otorgamiento de la licencia, se escurren en las protestas, despotrican desde la Asamblea y condenan la actitud del Gobierno. Obvio, tienen derecho a opinar, pero sin desviarse de su posición original.
Cuando menos deben ofrecer disculpas a la ciudad, a la provincia y reconocer sus equívocos.
