Este mes, los 15 alcaldes y alcaldesas de la provincia de Azuay cumplen 27 meses desde que asumieron sus funciones. Este tiempo, por ley, han declarado sus patrimonios a la Contraloría General del Estado.
Las declaraciones son obligatorias para los alcaldes y deben hacerlo al inicio, periódicamente, y al finalizar su gestión. De hecho, declarar el patrimonio es un requisito para asumir sus cargos.
En estas declaraciones, deben detallar bienes, derechos y obligaciones, incluyendo información sobre activos, pasivos, y cualquier patrimonio en el extranjero.
Con esto datos, se busca asegurar la transparencia en la gestión pública y controlar el crecimiento del capital de los funcionarios.
Diario El Mercurio revisó las declaraciones hasta el 19 de agosto de 2025 y confirmó que todos presentaron sus declaraciones por inicio de gestión, pero ninguno ha declarado este 2025. A excepción del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora.
Alcaldes de Azuay
El patrimonio declarado por Deifilio Arévalo Vásquez, alcalde de Chordeleg, se redujo de 675.561,76 dólares, en 2019, a 165.840,82 dólares en 2022. No obstante, aumentó a 308.830,54 dólares, según consta su declaración de 2024. Las principales variaciones se dan por bienes inmuebles y deudas por cobrar y pagar.
Todos los informes son de cuando cumplía funciones como alcalde de Chordeleg.
Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, registra un incremento sostenido de su patrimonio desde 2019 hasta 2025, según los informes que presentó a la Contraloría. De manera particular, aumenta su patrimonio por bienes inmuebles.
Desde 2019 y hasta la actualidad, Zamora ha hecho declaraciones patrimoniales por cumplir funciones como concejal, alcalde y docente.
Por otra parte, en el informe de 2023 aumenta el valor de deudas contraídas, año en el que también aparece el primer valor por bienes inmuebles. Para 2024, aumentó el valor de inmuebles de 152.886 dólares a 622.886 dólares. Este año también registró valores por inversiones.
El mayor incremento patrimonial se registra entre 2022 y 2025, con un total de 246.000 dólares.
Las declaraciones más recientes de Wilson Román Ramírez, alcalde del cantón oriental de El Pan, son de cuando cumplía actividades de alcalde y coordinador provincial del Seguro Social Campesino.
En sus declaraciones se refleja una variación y la cantidad más alta data de 2019, cuando su patrimonio llegó a los 133.000 dólares. De acuerdo con la más reciente, es de 98.000 dólares. Los principales cambios en los valores de su patrimonio se dan por bienes inmuebles.
El patrimonio de Cristian Ochoa, actual alcalde de Girón, aumentó de 7.450 dólares, en 2019, a 172.000 en 2023. En 2019 cumplía funciones de Jefe Político del Azuay y, para 2023, ya era alcalde de Girón.
En 2019 reportó cero dólares de saldo disponible en bancos o dentro del sistema financiero, popular y solidario u otros. Este año registró inmuebles además de una deuda contraída.
Para 2023, sí registró su saldo en una cuenta financiera pero ya no registró inmuebles. Además, expuso un valor de 140.000 dólares en el rubro de “derechos fiduciarios, derechos adquiridos por herencia y derechos de propiedad intelectual”. Pero, además, aumentó el valor de deudas contraídas a más de 20.000 dólares.
En su más reciente declaración, según consta en la Contraloría hasta el 19 de agosto de 2025, tampoco registró inmuebles.
Alcalde de Guachapala y otras autoridades
El alcalde de Guachapala, Paulo Cantos Cañizares, refleja una leve disminución de su patrimonio entre 2019 y 2020. Pero, a partir de 2022, registró un incremento de más de 40.000 dólares hasta 2024. Desde 2019 a la fecha cumplió funciones como alcalde subrogante, coordinador y director del registro civil, colaborar de AME y alcalde de Gauachapala.
En 2021 alcanza el valor de deuda más alto llegando a los 54.680 dólares. Pero, al año siguiente, según sus reportes, este valor se reduce considerablemente a 29.248,32 dólares y a 24.000 en 2024.
El alcalde de Gualaceo, Marco Fabián Tapia, en cuatro ocasiones, presenta declaraciones con valores negativos. Una en 2020 y tres en 2021, cuando cumplía funciones como director distrital del MIES y director de seguimiento y evaluación del servicio público para pago de accidentes de tránsito. En tres ocasiones reportó que en sus cuentas tenía valores en cero. En la actualidad sus deudas contraídas son de 60.188,52 dólares.
Mientras que los valores positivos de sus reportes patrimoniales datan de 2019 y 2023. En la primera como director distrital del MIES y, en la más reciente, como alcalde de Gualaceo.
Patricio Maldonado Jiménez, alcalde de Nabón, presenta un incremento sostenido de su patrimonio desde 2019 hasta el 2024. Todas sus declaraciones son como alcalde del cantón.
En ese lapso, aumentaron los valores de sus inversiones y de los bienes inmuebles de 197.121,15, en 2019, a 324.626,80 dólares en 2024. Por otra parte, mantiene una deuda actual de 71.000 dólares y tiene cuentas por cobrar. Es el actual presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).
De Oña a Sígsig
Eddy Erraez, alcalde de Oña, solo cuenta con dos declaraciones patrimoniales recientes, según la Contraloría General del Estado. Ambas de 2023 como alcalde, al inicio de su gestión. En su más reciente informe, reportó un valor de 130.000 por bienes inmuebles y una deuda contraída de 71.295,64 dólares.
Raúl Delgado Orellana, actual alcalde de Paute, expuso en sus declaraciones un aumento de su patrimonio hasta 2023. Pero, en la más reciente declaración, publicada en 2024, según el registro de la Contraloría, su patrimonio se redujo en 120.000 dólares. En 2020, por bienes inmuebles registró un monto de 71.295,64 dólares. Para 2022 lo hizo por 545.798,00 dólares.
Asimismo, aumentó la cantidad de deuda contraída. En 2018 cumplió funciones como alcalde de Guachapala y las posteriores declaraciones la presentó como alcalde de Paute.
José Sánchez, quien en 2023 ganó la alcaldía del cantón Camilo Ponce Enríquez, fue asesinado a pocos días de cumplir un año en funciones. El 17 de abril de 2024, trascendió la noticia de su homicidio. En su lugar, le sustituyó en el cargo, Magaly Sánchez.
La alcaldesa registra un incremento considerable de su patrimonio. En 2019 reportó un patrimonio de 20.000 dólares y, para 2024, ascendió a 290.000 dólares.
De 2019 a 2023, antes de ser alcaldesa, cumplió funciones como concejala de Ponce Enríquez. La mayor cantidad de patrimonio aumentó en el rubro de bienes inmuebles. En 2019 lo hizo por 15.000 dólares y, en 2023, por 219.600,32 dólares. En las dos declaraciones de 2023, registró un total de 30 dólares en sus cuentas financieras. Y en la de 2024, registró un total de 80.000 dólares.
El alcalde de Pucará, Adrián Berrezueta Barreto, registró un incremento de su patrimonio en más de 750.000 dólares de 2019 a 2024. En 2019, cuando finalizó su periodo como concejal de Pucará, reportó 104.358,14 dólares. Para 2024, luego de iniciada su gestión, reportó 858.895,72 dólares. Según su mismo reporte, adquirió bienes inmuebles.
El total de sus deudas contraídas, registradas en la más reciente declaración, es de 43.544,17 dólares.
María Aurelia Sarmiento, alcaldesa de San Fernando, en 2018 reportó un patrimonio negativo. Para 2022, este aumentó a 98.000 dólares y en 2024 reportó 297.000 dólares. Como novedades registradas en su reporte, nuevos rubros por “derechos fiduciarios, derechos adquiridos por herencia y derechos de propiedad intelectual”.
Reportó una deuda de 24.358,38 dólares.
La alcaldesa de Santa Isabel, Natalia Maribel Lalvay, informó en 2019 un patrimonio negativo. Para 2024, lo hizo por un valor de 8.000 dólares. En 2020 adquirió una deuda de 15.000 dólares y, en 2022, una por 33.527,25. Esta deuda se mantiene en este valor según informó en 2024.
Byron Rubio, alcalde de Sevilla de Oro, en sus reportes, entre 2019 y 2024, dio a conocer una reducción de su patrimonio. En 2019 reportó 87.000 dólares y, en 2024, un saldo negativo de -22.830 dólares. En reporte más antiguo es de cuando era concejal de Sevilla de Oro y más reciente como alcalde.
David Duchitanga, alcalde de Sígsig, reportó en 2020 un patrimonio de 26.600 dólares, cuando cumplía funciones como presidente de la junta parroquial de Ludo. Para 2022 reportó en negativo.
Uno de los factores de este valor, es por una deuda contraída por 90.000 dólares, pero mantiene un rubro en deudas por cobrar. Al año siguiente, en 2023, esta deuda se redujo a 5.000 dólares, según él mismo reportó.
En 2024 se recuperó y su patrimonio aumentó en 120.000 dólares, cuando ya era alcalde de Sígsig. En ninguna declaración, reportó bienes inmuebles.
Funcionarios a presentar nueva declaración juramentada
Los servidores públicos que ocupan cargos de nivel jerárquico superior y que son considerados como Personas Expuestas Políticamente (PEP) deben presentar una nueva declaración patrimonial jurada entre el 1 y el 31 de agosto de 2025.
Esto, según la reforma a la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, que entró en vigor el 29 de julio.
Esta norma rige tras la publicación de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.
Entre los funcionarios constan: personas elegidas por elección popular, subgerentes de área; directores, gerentes, subgerentes, asesores y coordinadores de empresas públicas estatales, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional desde el grado de Teniente Coronel o su equivalente, alcaldes, vicealcaldes, concejales, comisarios, administradores, directores y asesores de los gobiernos autónomos descentralizados.
Además, los asambleístas principales y suplentes, así como directivos de libre nombramiento y remoción de la Asamblea Nacional y otros funcionarios del Estado como gobernadores, prefectos, viceprefectos, jueces, fiscales, gerentes de hospitales, entre otros. (I)
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