La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Quito estuvo marcada por anuncios vistosos, pero de alcance limitado. Declaró a Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas, ofreció USD 13,5 millones para seguridad y drones, y abrió la posibilidad de una base militar si Ecuador lo solicita. A cambio, nuestro país aceptó recibir hasta 300 refugiados al año como “tercer país seguro”, un compromiso que pesa más sobre Quito que sobre Washington. En materia comercial, apenas se habló de aranceles, sin acuerdos concretos.
El contraste con visitas anteriores es evidente. Mike Pompeo (2019) reabrió la cooperación antidrogas con vuelos de patrullaje; Antony Blinken (2021) dejó un discurso sobre democracia que desembocó en convenios de seguridad por USD 25 millones para 2024; incluso Hillary Clinton (2010), sin cheques ni drones, apostó por un tono de inclusión y gobernanza. Rubio, en cambio, se acerca más a un ejercicio de campaña permanente que a una alianza equilibrada: mucha retórica en seguridad, poco en economía.
El patrón se repite en la región. En Centroamérica, sus acuerdos fortalecieron deportaciones, fuerzas fronterizas y la presión contra China en puertos estratégicos. Estados Unidos obtiene la narrativa y el control, mientras los países receptores cargan con las obligaciones. En Ecuador, la ecuación no cambia: Washington marca la agenda; Quito asume el costo.
Y cuando la mirada se posa en lo urgente —la crisis sanitaria, la inseguridad interna, el desempleo—, la visita se queda corta. No hubo menciones a un TPS para nuestros migrantes, ni gestos frente a aranceles que castigan al banano, camarón y cacao. La reunión con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca solo dejó pedidos y ofrecimientos sin respaldo: refuerzo policial, apoyo logístico y estudios sobre el narcotráfico. Ninguna inversión, ningún plan de prevención. Así, la visita brilla en gestos pero se desvanece en respuestas: en esta balanza geopolítica, ¿qué gana realmente Ecuador?
