De las cinco preguntas que el presidente Daniel Noboa busca incluir en una consulta popular, la Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen favorable solo para dos interrogantes.
Según la CC, sí procede la enmienda constitucional en dos preguntas:
- Contratación laboral por horas en el sector turístico.
- Reducción del número de asambleístas.
La Corte determinó que, en el caso de la contratación por horas, la propuesta trata un ajuste limitado, aplicable únicamente al sector turístico y en la primera relación laboral, que respeta los derechos adquiridos y responde a la naturaleza estacional de esa actividad económica.
Mientras que, en la propuesta para la reducción del número de asambleístas, según la Corte, se mantienen los criterios de representación territorial y poblacional, y no altera el carácter democrático del Estado.
Para la CC, la enmienda constitucional no procede en tres preguntas:
- Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
- Juicio político a jueces de la Corte Constitucional.
- Retorno de los casinos y salas de juego.
En cuanto a la eliminación del Cpccs, la Corte señaló que la supresión de un órgano constitucional alteraría la estructura del Estado; se sugiere una reforma parcial o asamblea constituyente.
Al enjuiciar a los jueces constitucionales, según el dictamen de la Corte, se comprometen los principios fundamentales de la Constitución, como son la independencia judicial y el sistema de pesos y contrapesos.
Sobre la pregunta que se refiere al retorno de los casinos, la Corte advirtió que está mal elaborada, pues los considerandos (explicación previa al votante) no son claros ni tienen relación con la pregunta.
Además, la pregunta incluye tres temas distintos: reapertura de casinos en hoteles de cinco estrellas, creación del tributo y destino específico de lo recaudado. “Al obligar la votación en bloque, se limitaba la libertad del elector”, recalcó la Corte.
La CC también se pronunció sobre otra consulta que le hizo el presidente, relacionada con un mecanismo de castración química obligatoria y un registro confidencial para personas con sentencia condenatoria por delitos sexuales; en este caso tampoco procede una reforma parcial de la Constitución.
