Uno de los mecanismos de la democracia que permite una participación directa del pueblo, en la toma de decisiones sobre asuntos importantes de una sociedad, es la llamada consulta popular; sin embargo, este mecanismo puede ser distorsionado cuando se lo usa simplemente para fortalecer la popularidad de un Gobierno, para que este consiga ciertos objetivos políticos de interés particular, o incluso como distractor para que la población no se preocupe de los verdaderos problemas que agobian a la sociedad. En este caso una consulta popular, en vez de ser un mecanismo democrático de participación, se convierte en un mecanismo de manipulación.
En el caso de Ecuador, desde el regreso al régimen democrático (1979), casi todos los Gobiernos que se han turnado en el poder político han realizado consultas populares, la mayoría de las cuales ciertamente no han permitido fortalecer la participación política del pueblo, sino usar a éste para fines que, en algunos casos, incluso pretendieron atentar a la integridad de la propia institucionalidad democrática. Recordemos, por ejemplo, las consultas de Correa, Moreno y Lasso.
En el caso del Presidente Noboa, recordemos que ya en abril de 2024 realizó una consulta popular con la promesa de que serviría para reducir la inseguridad en el país, pues 8 de las 10 preguntas planteadas se refirieron precisamente a ese tema; sin embargo, a pesar de que el pueblo dijo sí a esas 8 preguntas, hoy la inseguridad ha crecido como nunca, con una cifra de asesinatos record (más de 5.000 en los primeros 7 meses de 2025) y la multiplicación de la extorsiones y los secuestros.
Ahora, Noboa y otra vez con el pretexto de combatir la inseguridad, ha propuesto otra consulta popular. La mayoría de preguntas, sin embargo, más que referirse al tema de la seguridad, lo que en el fondo buscaría es concentrar un mayor poder en el Gobierno, a costa de quitar funciones al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y, sobre todo, de debilitar a la Corte Constitucional que en este momento asoma como el único Órgano del Estado que, en cumplimiento de su rol de control constitucional, garantiza la vigencia en Ecuador de un Estado donde se respete el Derecho, no se abuse del poder y, por ende, se respete el régimen democrático. (O)