La convocatoria entre transportistas y dirigentes de diversos gremios circuló con rapidez. Ayer, se reunieron de forma urgente en Quito tras la eliminación del subsidio al diésel, dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 126.
Según estimaciones oficiales, esta decisión representaría un ahorro de aproximadamente 1.100 millones de dólares en el gasto público.
Como consecuencia inmediata, el precio del diésel para el sector automotor aumentó de USD 1,80 a 2,80 por galón (3,78 litros), generando una fuerte reacción en el sector del transporte.
Transporte
Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, anunció la suspensión del servicio de transporte en Quito a partir de las 00:00 de mañana, en rechazo a la medida.
“Es una decisión tomada por los representantes del transporte público de Quito y Pichincha. Queremos conocer cómo se definió este incremento. En principio, nos referimos al transporte urbano, pero es un tema progresivo. No olvidemos que, además de transportistas, también somos parte del pueblo”, señaló.
Tensiones
Al interior del gremio también surgieron desacuerdos. Los representantes del transporte de carga pesada cuestionaron a la Confederación de Transporte Terrestre, liderada por Napoleón Cabrera y Luis Felipe Vizcaíno, por adjudicarse la vocería del sector sin consenso.
A través de un comunicado, denunciaron que ambos dirigentes no representan a todos los colectivos y que han “usurpado el nombre de los transportistas ecuatorianos”.
En el mismo pronunciamiento, la Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado exigió la derogatoria del decreto, argumentando que la medida no fue previamente socializada con los actores del sector.
Además, advirtieron que la eliminación del subsidio deja al transporte de carga en una situación de vulnerabilidad, con impactos económicos y sociales significativos.
Respaldo
Desde el sector productivo, algunas organizaciones manifestaron su apoyo a la decisión del Ejecutivo. El Comité Empresarial Ecuatoriano expresó que se trata de una medida “necesaria y oportuna para la salud económica del país y la sostenibilidad de las actividades productivas”.
Añadió además que “recortar el gasto público ineficiente incluidos los subsidios reduce la necesidad de financiamiento, evita nuevos impuestos, combate el contrabando y la informalidad, y promueve un entorno más favorable para la inversión y la genera- ción de empleo”.
En la misma línea se pronunciaron la Cámara de Comercio de Quito, que calificó la decisión como “acertada para el contexto actual del país”, y la Cámara de Industrias de Guayaquil, que la consideró una acción que contribuirá a ordenar las finanzas públicas, reducir distorsiones en el mercado y fortalecer la competitividad del aparato productivo.
Críticas
Organizaciones sociales y movimientos indígenas expresaron su rotundo rechazo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció que activará todos sus mecanismos organizativos para enfrentar lo que calificó como un nuevo “paquetazo” del Gobierno.
“El régimen está llevando al límite la paciencia del pueblo. Esta eliminación afectará a millones de familias, a la producción campesina y al transporte comunitario, encareciendo la canasta básica y profundizando la precariedad en los sectores populares. Nos amparamos en el derecho a la resistencia”, señaló la CONAIE en un comunicado.
Estudiantes
Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) también se pronunció en contra, argumentando que la decisión impactará directamente en el precio del transporte público. “Es falso que esta medida no tendrá repercusiones. Otras decisiones autoritarias del Gobierno ya han provocado un lza en el costo de vida”, advirtió la organización estudiantil.
