La paz social vuelve a tensarse tras la declaratoria del paro indefinido decretado por la Conaie y otras organizaciones.
Es la respuesta de esos sectores a la decisión presidencial de eliminar el subsidio al diésel, tal como lo pretendieron hacer, sin éxito, sus antecesores Lenin Moreno y Guillermo Lasso.
Ese subsidio ha sido el tema intocable desde hacía mucho tiempo, aun sabiendo los miles de millones de dólares que al Estado le cuesta cada año mantenerlo. Y no precisamente para destinarlo a las clases sociales más necesitadas, sino a las pudientes; igual a contrabandistas y a las mafias ligadas al narcotráfico.
Ningún argumento técnico, económico, peor el demostrado en cuanto al contrabando, ni siquiera los de tipo ambiental, han sido capaces de convencer a un segmento de la población sobre la necesidad de ponerle fin al subsidio.
El actual Gobierno se ha propuesto hacerlo, prometiendo destinar alrededor de USD 1.100 millones, el ahorro que para el Estado significaría la eliminación, a obras sociales para los sectores más necesitados.
Empero, vale dudar considerando, por ejemplo, el alza de tres puntos al IVA, teóricamente para enfrentar a los grupos criminales, cuyos resultados no llenan las expectativas de la población.
El paro en ciernes, cuyo desenlace es imprevisible, según la táctica del sector en cuya agenda el levantamiento está en primera línea, es el cierre de vías, la “toma” de ciudades”, desabastecerlas de alimentos, entre otras acciones violentas Las consecuencias, el país las conoce de sobra; igual, su decisión de mantenerlo por tiempo indefinido, es decir, ni trabajando ni dejando trabajar.
Llamar al diálogo no tendría mayor atención en tratándose de dos polos opuestos. Por un lado, el Gobierno que quiere mejorar, enderezar la economía; por el otro, un sector que cree que el Estado lo debe dar todo y a bajo o nulo costo, y a cuya fuerza se unen ciertas tiendas políticas para sacar provecho.
