En política, la palabra más poderosa no siempre es la que se pronuncia desde el atril presidencial, sino la que circula en las calles, en los mercados, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas de la gente. Esa diferencia entre la agenda política —la que intenta imponer el gobierno— y la agenda pública —la que preocupa a la ciudadanía— es hoy más evidente que nunca.
Un estudio reciente de escucha digital lo confirma: mientras el Ejecutivo insiste en instalar la discusión sobre una nueva Constituyente, la población habla de otras cosas. Lo que realmente inquieta es el incremento del costo de vida, la escasez de alimentos, la subida del diésel, los paros y movilizaciones, la inseguridad creciente, los abusos de poder, los detenidos de las manifestaciones, la falta de medicinas, etc. La salud, la violencia y la economía están en el centro del debate ciudadano, no una Constituyente que se percibe lejana frente a la urgencia del día a día.
El riesgo de este desajuste es alto. La comunicación gubernamental, cuando ignora las conversaciones reales, corre el peligro de convertirse en ruido. Si no conecta con las preocupaciones concretas, pierden legitimidad. La población no se moviliza por una reforma constitucional abstracta mientras no logra llenar la canasta básica o teme salir a la calle por la violencia.
Por eso, escuchar no es solo una cortesía política: es una obligación democrática. Un gobierno que insiste en hablar de lo que la gente no discute se arriesga a un divorcio entre la retórica oficial y la experiencia cotidiana. Los ejemplos recientes en América Latina muestran que, cuando la brecha entre discurso y realidad se ensancha, la confianza se erosiona y los liderazgos entran en crisis. Si el gobierno no se sintoniza con las prioridades de sus ciudadanos, la Constituyente no será recordada como un proyecto de país, sino como un intento fallido de cambiar la conversación.
