En Otavalo destruyeron bienes de la policía y de algunos particulares. Hordas enardecidas de manifestantes ingenuos, con algunos terroristas en medio, sitiaron la ciudad. Lanzaron cohetes domésticos construidos con el manual de tácticas de guerrilla y, pretendieron con una bazooka alcanzar un helicóptero del ejército que sobrevolaba la ciudad.
Me resisto a creer que pudieran ser los indígenas, sino quienes tienen financiamiento para conseguir estos aparatos por demás costosos. Una probabilidad latente apunta hacia la minería ilegal concentrada en Imbabura, con la dirección soterrada de grupos vinculados al narco terrorismo.
La muestra más evidente es la detención de dos venezolanos, integrados en estas instancias de conspiración. El ministro Reimberg presume que son del “Tren de Aragua”, desperdigados en los países a los cuales accedieron fácilmente bajo el supremo concepto de la “ciudadanía universal”.
Viene a la memoria de los ecuatorianos los trágicos episodios de los paros de 2019 y 2022 que acarrearon desabastecimiento de productos de primera necesidad. El gas no llegaba por los cierres de carreteras; los ancianatos, orfelinatos, y hospitales corrían serio peligro con los vulnerables que pernoctaban en sus instalaciones, ante la alta probabilidad de enfrentar enfermedades graves, o morir.
Recuerdo una noche de junio de 2022, cuando se clamaba comprensión a quienes manejaban el paro, para permitir que transiten los vehículos con el oxígeno destinado, entre algunas áreas, a la de Neonatología del Hospital Vicente Corral; un hálito de desconsuelo y miedo circulaba en Cuenca.
Las pérdidas en la producción y freno al consumo, calculadas en ese tiempo, superaron los 3.000 millones de dólares. La violencia no resuelve nada. El país necesita clamorosamente trabajar; por eso, en medio de tanta amenaza de los mismos dirigentes de siempre, el Ecuador ha decidido avanzar bajo la guía de un gobierno firme, con un gran ejemplo de perseverancia, para dar un giro a la vieja táctica de la intimidación.
La eliminación del subsidio al diésel, fue una decisión dura, pero esperada desde hace mucho tiempo, por haber sido perniciosa, fuente del contrabando y material esencial para el procesamiento de las drogas.
Las medidas de compensación para el transporte público y otras ramas de la movilidad le convierten en una decisión focalizada, pues refuerza la razón de ser de esta disposición. No más apoyo infructuoso y atentatorio a las arcas fiscales para los sectores pudientes, y ni se diga a los ilegales.
Al escribir este artículo, me siento reconfortado porque pude avanzar por las carreteras del occidente y la costa centro del país de manera libre, sin contratiempos ni miedo, para cumplir con mis obligaciones. Esa es la aspiración de quienes deseamos prosperar.
Con un paro, nadie gana. Ahora se aplica la ley como debió ser siempre, y no se ha “criminalizado la protesta social” que es la muletilla con la cual los teóricos de la “resistencia” han hecho de las suyas. Quedamos a la espera de que se terminen los actos desestabilizadores claramente focalizados en Imbabura, Pichincha y el norte del Oriente, para empezar a devolverle la paz al Ecuador en general. (O)