La elevación del precio de diésel, al igual que sucedió con el alza de los combustibles en Gobiernos anteriores, ha sido el detonante para nuevas protestas sociales y una nueva paralización (con cierra de vías) encabezada por la CONAIE. Sin embargo, esta vez el paro y la respuesta del Gobierno tienen características distintivas.
En cuanto al paro, es evidente que durante los primeros días no ha tenido la gran fuerza que si tuvo en 2019 (contra Moreno) y 2022 (contra Lasso), con excepción de las provincias de Imbabura y Cotopaxi, una situación que en parte podría explicarse por la todavía relativa alta popularidad que tiene el Presidente actual. Un paro que hasta ahora no ha tenido un acompañamiento de grandes movilizaciones en las principales ciudades de la Sierra; y, sobre todo, no ha repetido la estrategia de ir concentrando paulatinamente la protesta indígena en la capital de la República.
El paro más vale se ha concentrado básicamente a nivel de los territorios de varias provincias de la Sierra y la Amazonía.
En cuanto a la respuesta del Gobierno frente al paro es evidente que, a diferencia de los Gobiernos de Moreno y Lasso y de que a pesar de que los actos de violencia han sido más bien excepcionales, Noboa ha optado por una respuesta mucho más represiva. En los pocos días de paro se informa ya de decenas de heridos y detenidos, del bloqueo de las cuentas bancarias de varios dirigentes indígenas y sociales, e incluso de la suspensión del canal de televisión comunitario del movimiento indígena de Cotopaxi. A esto se ha añade la virulencia verbal del Presidente en contra de las protestas y la propaganda para deslegitimarlas o estigmatizarlas con acusaciones (usadas también por Gobiernos anteriores) como “terrorismo”, “desestabilización”, “vínculos con el narcotráfico”, etc.
En definitiva, lejos de entender las causas de fondo de las inconformidades y protestas sociales, y de procesarlas a través de vías democráticas como el diálogo, el Gobierno acude a una vía autoritaria, que es la que también pretendió usar para imponer la convocatoria a una consulta popular sobre una Constituyente sin pasar por el dictamen de la Corte Constitucional; lo que finalmente fue impedido por la presión de la opinión pública democrática. (O)