Se considera de manera casi universal que las personas tenemos el derecho de reclamar y protestar cuando no estamos de acuerdo con algo. Pero y ¿qué pasa cuando la decisión inicial procede de una mayoría de ciudadanos? En tal caso resulta comprensible el que esta mayoría quiera imponer su criterio a las minorías. Sin embargo, estas minorías también tienen el derecho de que sus opiniones y su criterio sean tomados en cuenta; en las legislaciones se establece cuándo y en qué forma las minorías tienen el derecho a ser respetadas.
De estas consideraciones nos viene la cuestión de si hay derecho a pretender que todos los habitantes de un país deban proceder en su vida tal y como algunas personas desean que así sea. En estos mismos días hemos visto que pequeños grupos consideran que están en el derecho de imponer su forma de pensar y su decisión de hacer algo para que la mayorías de ciudadanos procedan de acuerdo a ello. No entiendo por qué los ecuatorianos debemos someternos a lo que deciden unos cuantos directivos de la CONAIE.
Hemos tenido ocasión de ver nuevamente que grupos de campesinos se creen con la facultad y el poder de decir qué tiene que hacer la mayoría de ciudadanos. Ellos se consideran autorizados -¿Por quién?- a disponer quien puede trabajar y quien no- Y lo más grave es que se sienten autorizados a imponerse por la fuerza, con palos y piedras si fuese necesario. Esto hemos podido ver en la televisión y no hay chance de que los perpetradores de tales abusos lo nieguen.
El derecho a protestar y demostrar que no se está de acuerdo con determinados sucesos o disposiciones legales no confiere a algunas personas la facultad de creer que todos los ciudadanos tengan que estar de acuerdo con lo mismo y acatar las disposiciones de los grupos de quienes así lo creen. Considero del todo ilegítimo, arbitrario y abusivo que los dirigentes de una organización se crean con el derecho de paralizar la vida normal del país, llegando al extremo de obstaculizar las acciones de un convoy humanitario, de no permitir que ambulancias lleguen a sus puntos de destino que, generalmente, son hospitales y clínicas. Piden que siga el subsidio al diésel que beneficia especialmente a las mafias y al narcotráfico. (O)