Los ecuatorianos tienen derecho a conocer el destino de los impuestos, sea creándolos o incrementando los existentes.
Es estos días de zozobra e incertidumbre como consecuencia del paro de la CONAIE, mucho se comenta, por ejemplo, del alza del 12 % al 15 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) dispuesto por el presidente Daniel Noboa en su primer periodo.
Luchar contra los grupos de delincuencia organizada fue la principal justificación para poner sobre los hombros de la población semejante carga económica.
A pesar de las contradicciones de ciertos sectores políticos representados en la Asamblea, aquel incremento tuvo vía libre.
La ciudadanía terminó por aceptar el sacrificio, uno más de los tantos, en tratándose de su seguridad.
La Policía y las Fuerzas Armadas, en algo han sido equipadas para conseguir aquel propósito. Es cuanto se conoce, o, más bien, lo poco.
Contradictoriamente, y a pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden para luchar contra el crimen organizado, vale decir, se trata de un enemigo poderoso, transnacional, la inseguridad sigue campeando. Lo reflejan las estadísticas.
De allí la pregunta lanzada en estos días. ¿A dónde fue a el dinero recaudado por el incremento del IVA?
Según el SRI parar, el mayor monto de recaudación durante el primer semestre de 2025 corresponde al IVA, con un valor de $5.311 millones, un alza de 17,8 % con relación al mismo periodo de 2024.
Urge transparentar la inversión de esos recursos. Así lo debe entender el Gobierno. La duda y la inquietud ciudadana traspasan cualquier sospecha, con razón si la salud trastabilla y no hay obra pública, excepto el reparto de bonos, una práctica más bien clientelar así las intenciones sean buenas.
Con tal antecedente, la justificación gubernamental para eliminar el subsidio al diésel no satisface del todo. Se requiere saber a dónde irán los $1.200 millones anuales, producto de tan radical medida.
