Fiel a su estilo confrontativo, la dirigencia de la CONAIE amenaza con tomarse Quito para radicalizar el paro con el cual no está de acuerdo casi el 80 % de ecuatorianos a pesar del impacto económico por la eliminación del subsidio al diesel.
La segunda semana del paro confirma el enfrentamiento de dos trenes: el Gobierno y la CONAIE, aunque fragmentada.
En esas circunstancias, el diálogo se ve lejano, no así la radicalización del sector indígena al pretender, como en 2019 y 2022, sitiar Quito, con todas las consecuencias que esto implica y de las cuales se tienen dolorosas experiencias.
Ese tipo paralizaciones puede durar días, semanas, meses. La CONAIE y sus afines dan a entender que para lograr su propósito están preparadas con una logística inimaginable.
Si esa su lógica, el Gobierno debe decirle al país cómo mismo planea poner fin al enfrentamiento; o como aquella organización, también está dispuesto a mantener su posición por tiempo indefinido.
Entretanto, los demás ecuatorianos están desesperados por el bloqueo de vías, amenazas de agresión física, obligados a la fuerza a cerrar negocios, en suma, sin poder trabajar. Las pérdidas ya superan los USD 80 millones.
Si se permite la “toma de Quito”, a no ser que sea para protestar pacíficamente, y la convierten en zona de vandalismo, por tercera vez la capital estará al borde del abismo.
Bien puede el Gobierno garantizar a los pueblos indígenas, no tanto a sus “altos dirigentes” en cuya agenda estarían intereses políticos e ideológicos extremistas, los beneficios que recibirían con los USD 1.100 millones anuales por la terminación del subsidio. Se lo merecen.
Dirigentes de la CONIE deben explicar si tras la derogación de similar medida durante los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, lograda, asimismo, a base de violencia, ha mejorado la situación de pobreza y extrema pobreza de sus bases, no la de ellos por supuesto. O siguen igual, o peor.