El 2024 estuvo marcado por variaciones climáticas en la región, y el Ecuador no fue la excepción. El país enfrentó una de las peores sequías de las últimas décadas, con graves consecuencias para la industria, el suministro de agua potable y la generación hidroeléctrica. Ante esta situación coyuntural, gran parte de la regulación nacional y las políticas públicas debieron adaptarse.
Una de las medidas fue la modificación del mínimo vital de agua. Desde 2017, mediante el Acuerdo Ministerial No. 2017-1523, la Agencia de Regulación y Control del Agua fijó en 200 litros por habitante al día el mínimo vital de agua cruda. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2024, el Acuerdo MAATE-MAATE-2024-0083-A, redujo esa cantidad a 121 litros. Esta significativa disminución se sustentó en el déficit hídrico y en la emergencia nacional provocada por incendios forestales, sequías y escasez de agua.
Según el Gobierno Nacional del Ecuador, la medida busca concienciar sobre la conservación del recurso para garantizar su disponibilidad a las futuras generaciones. Si bien las causas que motivaron la decisión son comprensibles, también es importante recordar que la variabilidad climática ha generado, por ejemplo, que en 2025 las precipitaciones sean abundantes y que la cuenca del río Paute registre su mayor caudal en más de cuatro décadas. Además, ni en 2017 ni en 2024 se desarrolló un proceso amplio de participación con los usuarios y consumidores que permitiera discutir los criterios técnicos, socioeconómicos y ambientales para fijar el mínimo vital.
Finalmente, si el argumento actual se centra en la sostenibilidad del recurso, la reducción debería acompañarse de políticas públicas claras y efectivas, evitando que prevalezcan consideraciones meramente económicas o productivas. (O)
@andresmartmos