Hacer de la protesta una plataforma para impulsar la violencia, la deslegitima, la desnaturaliza, la descubre como una reacción ajena a la democracia, echa por tierra las causas por las cuales se la lleva adelante.
Cualquier decisión de un gobierno, sin importar su filiación política, no puede satisfacer a todos, con mayor razón si afecta en lo económico.
Un gobernante está llamado a tomar decisiones en los ámbitos en los cuales las considere pertinentes, urgentes y acaso insalvables. Para eso se lo elige.
Los diversos sectores sociales, organizados o no, la oposición política, tienen derecho a no estar de acuerdo, y, por ende, a protestar, si fuere del caso a demandar la posible inconstitucionalidad de tales decisiones.
El Ecuador soporta un paro, no en todo su territorio por ventaja, pero suficiente como para golpear en la economía de todos, a la paz social. Es usado para amedrentar a ciudades, para hambrearlas si es posible.
La estrategia de quienes impulsan, obedece o sirven de “carnes de cañón” es la violencia, y cuando la violencia supera al derecho a protestar, deviene en vandalismo, es cuando los manifestantes integran turbas dispuestas a todo. Se ciegan, se cierran, sacan a relucir resentimientos de toda índole, creyéndose con privilegio de atentar contra quienes no comulgan con su proceder.
Sirva tal contexto para encuadrar el ataque violento, se diría hasta con intentos criminales, contra la caravana presidencial, cuyos vehículos fueron apedreados, muestran señales de haber sido abaleados, durante la visita del primer mandatario a la provincia del Cañar.
Solo para un desquiciado, esos sucesos reprochables no constituyen violencia, extralimitación de la protesta, creerse estar por encima de la ley, de la vida de los demás, y luego victimizarse.
Combátase a un gobierno con ideas, dando alternativas ajustadas a la realidad; protestando sí, pero sin llegar al salvajismo.
