Proviene del latín Subsidium, significa apoyo, ayuda, auxilio o protección. Se trata de una asistencia o prestación pública de carácter económico y por tiempo determinado, que mitiga ciertos problemas y fomenta actividades específicas, como vivienda, desempleo, producción, agricultura, etc, reduciendo costos y apoyando al desarrollo económico de una sociedad.
Nuestro país, subsidia los combustibles desde 1974, cuando iniciábamos la era petrolera, talvez con el ánimo de beneficiar a los sectores estratégicos y grupos vulnerables y lo común en nuestra praxis política, conseguir votos por parte de quienes hacen campaña con dinero del estado y generan la problemática que vivimos hoy. Existen subsidios a los combustibles, electricidad y agua potable, esto motiva que el pueblo tenga un sentido paternalista por parte del estado, que conduce a mal uso de lo subsidiado, sin sentido del ahorro, desvío a minería ilegal, narco producción, caldeo de piscinas, uso de GLP doméstico a nivel industrial como negocios de gastronomía, que tienen costos altos y no de nivel popular. Lo propio en industrias de todo tipo, sin que existe respeto del usuario ni control del estado, tema que se le fue de las manos. Además, es conocido que las provincias que más gas consumen, son las fronterizas, pequeñas en comparación con Pichincha, Guayas, Manabí o Azuay, y sin embargo con cifras de expendio revestidas de escándalo público, fallando también el control estatal. Resulta imperativo considerar el subsidio a los agricultores que nos garantizan seguridad alimentaria, así como incentivar la transición energética, en un país sin correcto aprovechamiento de fuentes como solar, eólica, hidroelectricidad y geotérmica.
En cualquier caso, nos hace falta honestidad en el manejo de la cosa pública y en la recepción de los subsidios, porque lo opuesto significa perjudicarnos a todos y no poder desarrollarnos por generar un país de mejores características para nuestros descendientes.
Ningún subsidio, puede ser eterno e incontrolado, su prolongación o mal manejo, distorsionada la realidad con los precios, alentando ineficiencias y agrandando el déficit fiscal que implica un desbalance entre sostenibilidad de la economía pública y protección social. (O)