Estaba previsto. Tarde o temprano la minería ilegal metería sus garras en el proyecto Río Blanco, localizado en Molleturo, cantón Cuenca.
Inaugurado en 2016, la empresa concesionaria tenía previsto extraer 4,3 millones de onzas de plata y 600.000 onzas de oro.
En 2018 construyó el túnel en la mina. Incluso comenzó a extraer el material.
A la par, se presentó una acción de protección por parte de organizaciones antimineras, entre otras medidas de fuerza.
Se registraron hechos de violencia, como la quema de maquinaria y de vehículos de la empresa.
La población instaló un control en la vía de acceso. Nadie podía ingresar sin su consentimiento.
La acción de protección fue otorgada. La minera se vio obligada a suspender el proyecto, y viéndose sin garantías, acudió al arbitraje internacional. De ganarlo, el Estado deberá pagarle no menos de $ 480 millones.
Mientras esa demanda sigue su curso, según el Ministerio de Energía, un grupo de delincuencia organizada (GDO) se habría apoderado de Río Blanco para extraer el oro, cuya onza sobrepasa los $4.200 en el mercado internacional.
Ese mismo grupo acaba de ser sometido por el Ejército en la parroquia La Merced, en Imbabura, escenario del paro liderado por la CONAIE.
Los antimineros, según decían, se comprometieron a “cuidar” para impedir el ingreso de cualquier persona al sector.
Empero, siempre trascendía la ejecución de “operaciones clandestinas”, máxime si hay el túnel de acceso.
De acuerdo a versiones oficiales, ya ni siquiera la Policía puede llegar a la zona. El GDO, el más temido en el país, impone su “ley”.
Pero el Ejército, anteayer realizó un operativo, evidenciando la explotación ilegal: 400 toneladas de material mineralizado habían sido extraídas.
La actividad ilegal a cargo de la delincuencia criminal fue advertida por el gobierno ante la oposición al proyecto Loma Larga. ¿Será este su futuro? La alarma está prendida.
