Belém, en el corazón del Amazonas, fue la sede de la COP30, poniendo la justicia climática y la conservación en el debate global. La cumbre logró amplificar la voz de los pueblos indígenas y la sociedad civil, un avance fundamental a diez años del Acuerdo de París.

La agenda se centró en la urgencia de acelerar la implementación de los compromisos nacionales y en avanzar con la financiación climática. Se discutió la movilización, estimada en unos $1.3 billones anuales, para mitigación y adaptación, además de la creación de un fondo para los bosques tropicales. La ambición fue alta en la retórica inicial, con la propuesta del anfitrión, Lula da Silva, de generar un plan de acción para salir de las energías fósiles.

A pesar de estos compromisos, el evento exhibió grandes paradojas; mientras se debatía cómo proteger la Amazonía, se impulsaron obras de infraestructura, incluyendo una carretera, para facilitar el acceso a los 50 mil delegados. La misma selva, el símbolo de la cumbre, fue afectada por su propia celebración.

Otro punto de fricción fue la coexistencia de la agenda de conservación con las necesidades energéticas y económicas. El texto final, moldeado por países emergentes y petroleros, evita el abandono de los combustibles fósiles, limitándose a acelerar la acción climática de manera voluntaria y triplicar los fondos para adaptación.

La COP30, que puso haber sido más ambiciosa en su ruta, quedará marcada como un encuentro decisivo que sentó las bases para una acción climática justa. Aunque el consenso probó que el clima es complejo y costoso, el resultado principal fue la confirmación de la enorme brecha entre la ambición declarada y la voluntad política para descarbonizar la economía de manera inmediata. (O)