En los próximos días, los jueces encargados tendrán que tomar decisiones sobre el conocido como “caso Malvinas”, suceso en el cual, justamente hace un año, tres adolescentes y un niño fueron asesinados en la provincia del Guayas, después de que las cámaras de vigilancia filmaron su detención, aparentemente arbitraria, en una de las calles de Guayaquil, por parte de miembros de las fuerzas armadas, y luego embarcados en la paila de un vehículo que partió del lugar sin rumbo cierto. Los cuerpos de los muchachos fueron encontrados, tres o cuatro días más tarde, calcinados, en una vía de tercera orden en la parroquia Taura, del cantón Naranjal.

Diecisiete uniformados han sido acusados formalmente del hecho y se encuentran con prisión preventiva. Sus declaraciones, a lo largo del proceso, han sido contradictorias, aunque todas ellas coinciden en que los menores, luego de su traslado desde Guayaquil hasta Taura, fueron abandonados, desnudos, en un paraje desierto. Lo que es incontrovertible, es que los chicos, cuando desaparecieron, se encontraban a cargo de funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas, y que, por tanto, su seguridad se hallaba bajo absoluto control y responsabilidad del Estado.

Las medidas que los jueces adopten se encuentran, como era de esperarse, bajo el escrutinio público, Y no puede ser de otra manera, toda vez que la detención de los muchachos quedó registrada en las cámaras de vigilancia y su desaparición, primero, y muerte después, no han podido ser explicadas por ninguna versión que exima de responsabilidad a los uniformados implicados. Cabe entonces a los jueces, y ello lo exige y reclama la vindicta pública, actuar con imparcialidad y en apego irrestricto a la ley, so pena de sentar un nefasto precedente en que la imposición o la influencia del poder tergiversen la realidad de los hechos y concluyan en la impunidad de los culpables. Pasado mañana, 10 de diciembre, se cumple el 77 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conmemoración más que oportuna para la administración de justicia ecuatoriana y el recuerdo justo para las víctimas de las Malvinas.  (O)