Otra vez las sombras se ciernen sobre la Justicia.

Que un juez anticorrupción haya renunciado a su cargo para resguardar su vida, la de su familia, y aún no la acepten.

Que no se dejó intimidar ante insinuaciones de “un alto funcionario del Consejo de la Judicatura” para fallar a favor de un narcotraficante extranjero, detenido en la cárcel del Encuentro.

Que por impartir justicia y hacer prevalecer su ética profesional, “a cambio”, el Estado le redujera la protección; y antes, directa o indirectamente, ser víctima de una explosión en los alrededores del Complejo Judicial.

Que nadie, durante la audiencia haya dicho nada ni actuado cuando el procesado, al oír la sentencia, le hizo una señal de asesinato…

Todo eso implicaría cuan enlodada está la Justicia, nada menos que comenzando por su ente administrativo y de control disciplinario, el Consejo de la Judicatura (CJ).

Con ese adjetivo calificativo no se pretende generalizar; pero basta una o dos porciones de lodo para ensuciar el agua.

Y como condimento de esa trama, según denuncian varios medios de comunicación, abogados litigantes dentro de la defensa del referido narco tienen relación directa, sentimental, con la cabeza del CJ, a su debido tiempo también defensor de personajes de similar calaña.

Claro, eso no constituye delito alguno. Cada abogado sabe a quién defender, los casos en que se los involucra; pero, en el referido habría conflicto de intereses.

Presiones, amenazas a jueces, familiares de altos funcionarios del CJ defendiendo a narcos de alta gama, o designación de un nuevo fiscal general subrogante del subrogante, pese no tener facultad para ello, configuran un estado comatoso de la Justicia.

Ojalá pronto se conozcan los resultados de la investigación fiscal sobre la amenaza al juez. No debe ser el único caso, además.

Hasta tanto, la independencia de la Justicia es una quimera, y una realidad su turbiedad.