A partir del 24 de diciembre el Gobierno ecuatoriano decidió cerrar ocho pasos fronterizos oficiales que tenía, para solo mantener dos: el Centro Nacional de Atención Fronteriza (Cenaf) de Rumichaca, conexión terrestre entre Ecuador y Colombia; y, el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Huaquillas, que conecta con Perú.
La decisión gubernamental, adoptada como una medida de seguridad, generó varias reacciones, sobre todo de habitantes, autoridades y asambleístas de las poblaciones que se quedaron sin pasos fronterizos legales, los cuales advierten una serie de afectaciones.
Una de estas afectaciones es la suspensión de la ruta de transporte terrestre Loja–Piura y Piura–Loja, la cual dejó de circular desde el 24 de diciembre, cuando se cerró el paso fronterizo en Macará.
¿Qué pasos se cierran?
Hasta antes de la medida, Ecuador contaba con 10 pasos fronterizos legales, 6 con la frontera con Colombia y 4 con la de Perú, ahora solo quedarán habilitados 2 pasos y se suspendió el transporte de personas o vehículos por los 8 restantes.
Según los datos del Gobierno ecuatoriano, en la frontera con Colombia existían los pasos de: Rumichaca – Ipiales; San Miguel – Putumayo (CEBAF San Miguel); Tufiño – Chiles; El Carmelo – La Victoria (habilitado para tránsito vecinal); Puerto El Carmen – Puerto Ospina; y, Lago Agrio – San Miguel.
Mientras que en la frontera con Perú los pasos legales hasta el 24 de diciembre eran: Huaquillas – Aguas Verdes; Macará – La Tina (Puente Internacional Macará); Lalamor – El Alamor (Puente Internacional Alamor. También llamado Zapotillo–El Alamor); y, La Balsa (Zumba – San Ignacio), cruce en zona montañosa.
Las afectaciones
Aunque coinciden en que la inseguridad en la frontera es un problema que se debe combatir, los comunicados con los que se criticó la decisión del Gobierno, de cerrar los pasos fronterizos y solo quedarse con dos, se centran en la forma improvisada con que se realizó la medida.
Para Verónica Íñiguez, representante de la provincia de Loja en la Asamblea Nacional, señaló que el cierre del paso fronterizo en Macará impacta “gravemente” a la población local, cuya economía y vida diaria dependen del comercio, la educación, el turismo y el contacto familiar con Perú.
“El cierre repentino deja a muchas personas sin alternativas claras para continuar con sus actividades y genera incertidumbre en toda la región”, aseguró la asambleísta Íñiguez.
La incertidumbre
La Alcaldía de Macará coincide con la asambleísta Íñiguez en que la decisión de cerrar el paso fronterizo genera incertidumbre, sobre todo porque, en el anuncio del Gobierno no se señala hasta cuánto durará la medida o si esta será definitiva.
“Desde Macará motivamos a un diálogo en las próximas horas con las autoridades provinciales, de Cancillería y alcaldes de la frontera”, señaló la Alcaldía que, a través de un comunicado le pidió al Gobierno a aclarar hasta cuándo estará cerrado el paso fronterizo.
Una estrategia regional
Para el internacionalista experto en temas de seguridad, Leste Cabrera, el cierre de los pasos fronterizos por parte del Gobierno de Ecuador tiene un trasfondo: la estrategia regional de combate a la migración irregular, principalmente de venezolanos.
“Si estamos hablando de seguridad ciudadana, esta medida no va a disminuir los delitos comunes, porque el tráfico de drogas, el contrabando y la minería ilegal no va por los pasos legales, va por los cientos de pasos ilegales que tiene Ecuador en sus fronteras; esta decisión es parte de una estrategia regional contra la migración que, se sabe, aumenta en estas fechas”, aseguró el experto.
Para Cabrera, la decisión del Gobierno ecuatoriano, en lugar de beneficiar a la seguridad, puede ser contraproducente, pues el centrar la circulación por solo dos pasos obligará a usar los pasos ilegales, afectando a la economía legal, en lugar de a la ilegal.





