A la administración del alcalde Cristian Zamora, en las postrimerías del 2025, le ha caído una serie de informes de auditorías realizadas por la Contraloría, todos ellos con responsabilidades administrativas y hasta con indicios de presunción penal.

Varios de esos informes involucran también a la anterior administración.

Frente a las responsabilidades endilgadas y presunciones, el alcalde, fiel a su estilo confrontativo, ha reaccionado con dureza, de alguna manera hasta echando de menos el rol de la Contraloría y las conclusiones de los auditores.

Pero el tiempo y las instancias legales darán la razón a quien la tenga.

El informe difundido en estos días se relaciona con la administración de ETAPA EP.  Uno de sus puntos críticos es la contratación del yerno de un concejal, habiéndole, para el efecto, creado el cargo.

De acuerdo al ente de control, esa creación no se justifica, por cuya razón el beneficiado debe devolver los sueldos recibidos; además de responder por haber juramentado ante Contraloría no estar inhabilitado para ejercer un cargo público.

De acuerdo el alcalde, en función de la autonomía municipal él tiene absoluta libertad para crear los cargos que creyere necesario; y, palabras más, palabras menos, dárselos a quienes creyere conveniente, en el polémico caso al yerno de un concejal, sin que esto sea motivo de inhabilitación.

Hubiera sido prudente, ético, por un mínimo de decencia, analizar el parentesco del congraciado con el edil; y este, igual, avizorar un potencial conflicto, como acaba de ocurrir.

Además, la autonomía no es patente de corso para hacer con los recursos públicos cuanto nazca del libre albedrío, mucho menos para ponerse por encima de la ley.

Sería hilar fino creer que los informes de Contraloría salen justo cuando el alcalde anunció su intención de correr por la reelección.

Vale, más bien, una dosis de serenidad y hasta de caballerosidad.