Mientras desde la Revolución Ciudadana (RC) se impulsa su juicio político, desde Acción Democrática Nacional (ADN) se deslindan de cualquier responsabilidad en el nombramiento de Mario Godoy; sin embargo, las dos organizaciones políticas son responsables de que, pese a ser señalado como abogado de narcotraficantes, fuera posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en dos ocasiones.
Tanto en la primera, como en la segunda ocasión, Godoy fue nominado al cargo por José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quien se conoce estaría a punto de renunciar al cargo, tras el escándalo que vincula a personas cercanas al presidente de la Judicatura con presiones a favor de miembros del crimen organizado.
Para Solanda Goyes, exvocal del CJ, Suing debe renunciar al encargo de la presidencia de la CNJ, pues, es evidente que decidió ignorar todas las alertas que se emitieron sobre Godoy, en su afán de mantenerse en el cargo.
“Suing le debe al país una explicación de por qué lo puso a Godoy en la terna, cuando ya había los señalamientos en su contra”, recalcó Goyes.
Responsabilidad del correísmo
Mario Godoy, según lo rememora el exasambleísta Jorge Peñafiel, llegó por primera vez al CJ en julio del 2024, gracias al apoyo del correísmo, organización política con la que estuvo vinculado por varios años; siendo cercano a Fausto Jarrín, exabogado de Jorge Glas y Rafael Correa, además de legislador de la RC.
Antes de la designación de Godoy, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se eligió como presidenta del CJ a la cuencana Dunia Martínez, cuya designación quedó en nada, por presión de la bancada correísta que, desde la Asamblea Nacional obligó que se repita la votación, esta vez, a favor de Godoy.
Para que Godoy obtenga los votos necesarios en el Cpccs hizo falta que el exconsejero, ahora prófugo, Augusto Verduga, renuncie a su período de paternidad; para que regrese a votar.
Apoyo del noboismo
Una vez que estuvo en el cargo, Mario Godoy decidió darle la espalda al correísmo, así se conoció en los chats del caso Ligados, en los que Verduga y el excandidato presidencial de la RC, Andrés Arauz, hablan sobre cómo su exaliado ni siquiera les contesta el teléfono.
La inclinación por el Gobierno de turno, por parte de Godoy, se hizo evidente cuando la jueza Nubia Vera, que falló a favor de la exvicepresidenta Verónica Abad, lo acusó de presionarla para que le niegue la acción de protección a la exmandataria, por pedido del presidente Daniel Noboa.
En recompensa, Mario Godoy recibió el apoyo de la mayoría del Cpccs ligada al Gobierno que, el 19 de septiembre del 2025 lo ratificó en el cargo, ignorando cinco impugnaciones que se presentaron en contra de su candidatura.
El exasambleísta Jorge Peñafiel señaló que en esta nueva etapa de Godoy, el nexo siguió siendo Fausto Jarrín, quien ahora es asesor del Gobierno de Daniel Noboa; a quien se unió el asambleísta Esteban Torres (ADN); juntos lograron que se lo ratifique en el cargo.
¿Quién reemplazará a Godoy?
El 5 de enero del 2026, a las 10:00, Mario Godoy deberá comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional; además, enfrenta un proceso de juicio político iniciado por el correísmo; todo parece indicar que las bancadas de ADN y la RC están dispuestas a dar, juntas, los 101 votos que se necesitan para destituir y censurar a Godoy.
Ahora la pugna surge sobre quien reemplazará a Godoy; en la elección de septiembre del 2025 se estableció que su alterna es Alexandra Villacís, a quien ADN, incluido el presidente Daniel Noboa, ahora acusa de vínculos con el expresidente Guillermo Lasso.
La propuesta del oficialismo apuntaría a que José Suing envíe una nueva terna al Cpccs, para que se elija el reemplazo de Godoy, ignorando que, legalmente la alterna debe principalizarse.
Tanto Solanda Goyes, como Jorge Peñafiel, consideran que lo que busca el Gobierno es mantener el control de la justicia, lo cual será posible si pone su propio presidente del CJ, por intermedio de Suing; y, si mantiene la estructura armada por Godoy, quien en su periodo ha contratado a más de 200 funcionarios de mandos medios.












